Crimen organizado en minería
Capturan en Colombia a “Cuchillo”, autor de masacre minera
Alias “Cuchillo” acusado por asesinato de 13 mineros en Pataz.
Colombia.- Miguel Rodríguez Díaz, conocido como “alias Cuchillo”, fue capturado en Colombia por su presunta participación en el asesinato de 13 trabajadores mineros ocurrido en el distrito de Pataz, región La Libertad, al norte del Perú.
La detención fue posible gracias a un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú (PNP), la Policía de Colombia y Interpol, luego de una labor coordinada de inteligencia internacional.
Rodríguez Díaz estaba sindicado como el autor intelectual de la masacre perpetrada a inicios de mayo en la zona minera de Parcoy.
En ese ataque, un grupo de hombres armados ingresó a una mina informal y asesinó a sangre fría a los trabajadores, en un acto vinculado al control de zonas auríferas por parte de bandas criminales relacionadas con la minería ilegal.
El detenido es señalado como cabecilla de la organización criminal “La Gran Alianza 2”, dedicada a actividades ilícitas en torno a la minería informal, un sector que genera ingresos estimados entre 3.000 y 4.000 millones de dólares al año en el Perú, superando incluso al narcotráfico.
Esta actividad ha convertido varias regiones del país en focos de violencia, extorsión y asesinatos.
La presidenta Dina Boluarte, junto al ministro del Interior y altos mandos de la policía, identificó públicamente a Rodríguez Díaz como principal sospechoso de este crimen múltiple.
La mandataria aseguró que el Gobierno actuará con firmeza contra el crimen organizado que azota a las regiones mineras del país.
Rodríguez Díaz ya había sido detenido en 2023 por su implicancia en un ataque armado contra la empresa minera Poderosa, que dejó nueve muertos.
Sin embargo, fue liberado por decisión del Ministerio Público, lo que generó cuestionamientos al sistema judicial por su aparente inacción frente a amenazas criminales conocidas.
El abogado de Rodríguez, Kevin Díaz, sostuvo que su patrocinado se encontraba fuera del país, primero en Venezuela y luego en Colombia, donde fue finalmente detenido.
El propio Rodríguez negó su responsabilidad en los hechos a través de una entrevista televisiva, en la que afirmó que la acusación es una “persecución” sin pruebas.
Tras el asesinato de los 13 mineros, el Gobierno decretó estado de emergencia en Pataz, incluyendo un toque de queda nocturno, la suspensión de todas las actividades mineras por 30 días y la instalación de una base militar en la zona.
No obstante, estas medidas fueron consideradas tardías por familiares de las víctimas, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos, quienes denuncian una falta de prevención por parte de las autoridades.
La captura de Rodríguez Díaz representa un avance en la lucha contra la criminalidad organizada, aunque también pone en evidencia la fragilidad institucional frente al crecimiento del crimen vinculado a la minería ilegal.
Las autoridades han reiterado su compromiso de continuar con las investigaciones para desarticular a las bandas responsables de este y otros crímenes similares en el país.
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