Ante crimen en Pataz
Gobierno anuncia toque de queda y base militar urgente
Dina Boluarte exige facultades para frenar terrorismo urbano.
Lima.- Ante la indignación nacional generada por la reciente masacre de trece trabajadores mineros en la provincia de Pataz, región La Libertad, el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha anunciado una serie de medidas drásticas para restablecer el orden en esta zona golpeada por la criminalidad.
Durante una conferencia de prensa realizada el lunes 5 de mayo, la mandataria informó que se decretará un toque de queda en la provincia de Pataz, que regirá desde las 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m., con el objetivo de controlar el orden interno y frenar las actividades de bandas criminales ligadas a la minería ilegal.
Esta medida se suma al estado de emergencia previamente decretado, el cual ha sido duramente criticado por su falta de efectividad.
“Vamos a imponer un toque de queda para que nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional puedan intervenir con mayor contundencia”, declaró Boluarte.
La decisión se tomó tras conocerse los detalles del cruel asesinato de los mineros, que habrían sido secuestrados y posteriormente ejecutados en un socavón de la zona.
Otra medida clave anunciada por la presidenta fue la instalación de una base militar en Pataz, lo que permitirá una presencia permanente de las Fuerzas Armadas en la zona. “No podemos permitir que las organizaciones criminales sigan dominando el territorio”, enfatizó.
Además, el Ejecutivo ha solicitado al Congreso de la República la delegación de facultades legislativas para promulgar leyes orientadas a combatir lo que el Gobierno denomina “terrorismo urbano”.
Este término, según explicó Boluarte, incluye los crímenes cometidos por bandas organizadas en contextos como el de Pataz, donde la minería ilegal y el narcotráfico han generado altos niveles de violencia.
La presidenta también hizo un llamado a la unidad nacional, convocando al Congreso, al Poder Judicial y a la Fiscalía a trabajar juntos en la lucha contra la criminalidad. “Necesitamos una respuesta de Estado. El país exige paz y seguridad”, afirmó.
Sin embargo, diversos expertos en seguridad ciudadana han mostrado preocupación por la vaguedad del concepto “terrorismo urbano”.
Advierten que podría prestarse a interpretaciones ambiguas y uso político, además de distraer de soluciones estructurales más profundas, como el fortalecimiento de las instituciones locales, la lucha contra la corrupción y una mayor inversión en presencia estatal en zonas alejadas.
El crimen ocurrido en Pataz ha puesto en evidencia el vacío del Estado en territorios controlados por economías ilegales, donde la minería ilegal, el sicariato y el tráfico de insumos químicos actúan con impunidad.
En este escenario, la ciudadanía ha exigido justicia y acciones concretas para evitar nuevas tragedias.
Organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos han expresado su preocupación por el avance del crimen organizado en regiones como La Libertad y han instado al Gobierno a implementar políticas integrales de seguridad que prioricen tanto la acción policial como el desarrollo económico y social.
Mientras tanto, las familias de los mineros asesinados claman por justicia y esperan que estas nuevas medidas no sean meramente simbólicas, sino que signifiquen un verdadero cambio en la presencia y eficacia del Estado.
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