Controversia por norma estatal
Organismo internacional exige derogar ley que regula financiamiento externo a ONG
Críticas apuntan a controles previos que afectarían libertades y autonomía de organizaciones civiles peruanas.
Organismo internacional solicita derogar norma que regula a organizaciones no gubernamentales en Perú
Lima.- En un nuevo pronunciamiento que genera controversia en el país, un organismo internacional de derechos humanos exhortó al Estado peruano a derogar la reciente Ley N.º 32301, norma que modifica la labor de fiscalización de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) sobre los proyectos financiados por cooperación internacional.
El pedido se centra en los nuevos artículos incorporados a la normativa que, según el organismo, podrían representar una afectación a las libertades de expresión y asociación, pilares fundamentales del sistema democrático. El comunicado también advierte que esta reforma se suma a una serie de medidas promovidas desde el Legislativo que, en conjunto, representarían un retroceso en materia de derechos humanos.
Entre los puntos más cuestionados se encuentra la exigencia de que los proyectos ejecutados por organizaciones no gubernamentales (ONG) sean evaluados previamente para verificar su concordancia con los objetivos de desarrollo nacional. Esta disposición ha sido interpretada por los críticos como una forma de control estatal que podría derivar en restricciones indebidas al trabajo de las ONG.
El pronunciamiento ha sido respaldado por diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas algunas de las más conocidas en el ámbito nacional como IDL, Aprodeh, Manuela Ramos y Flora Tristán, que han manifestado su preocupación por lo que consideran una intromisión en su autonomía institucional.
Se señala también que la implementación efectiva de la reforma dependerá de una reglamentación pendiente, la cual deberá ser emitida en un plazo máximo de 90 días. En tanto, se teme que esta fase sea utilizada para introducir mayores trabas administrativas, lo que según advierten, podría generar obstáculos al espacio cívico y afectar el derecho a la participación ciudadana.
Cabe recordar que muchas de las organizaciones mencionadas reciben fondos millonarios del extranjero destinados a diversos fines sociales, entre ellos la defensa de los derechos de las mujeres, el acceso a la justicia y la vigilancia ciudadana. No obstante, algunos sectores cuestionan que estos recursos hayan sido utilizados para promover agendas ideológicas o políticas que no necesariamente coinciden con los intereses del país o con su marco legal vigente.
En ese sentido, la norma promulgada busca que la APCI verifique que los proyectos financiados por cooperación internacional no se desvíen de su objetivo de desarrollo nacional, y cumplan con criterios de transparencia y legalidad. Para sus defensores, se trata de una medida de soberanía institucional, necesaria para evitar que el financiamiento externo interfiera en asuntos internos.
El debate sigue abierto, mientras distintos actores de la sociedad civil y del ámbito político nacional observan con atención el desarrollo de esta controversia que pone sobre la mesa el equilibrio entre la autonomía de las organizaciones civiles y el rol regulador del Estado.
Fuente: Expreso
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