Grave acusación judicial fiscal
Fiscalía solicita 35 años de prisión para Ollanta Humala y Nadine Heredia por presunta corrupción en Gasoducto Sur
Exmandatarios enfrentan pedido penal por irregularidades vinculadas al proyecto energético Gasoducto del Sur.
Fiscalía pide 35 años para Humala y Heredia por corrupción gasífera
Lima.- El Equipo Especial Lava Jato presentó una nueva acusación de gran magnitud contra el expresidente Ollanta Humala Tasso y su esposa Nadine Heredia Alarcón, en el marco del caso Gasoducto Sur Peruano, uno de los proyectos más cuestionados del periodo 2011-2015. La fiscal Geovanna Mori acusa a la expareja presidencial de organización criminal y colusión agravada, delitos por los cuales se ha solicitado 35 años de prisión para cada uno.
En el expediente también figura el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, para quien la Fiscalía pide 29 años de cárcel por su presunta participación en los mismos hechos. Según el Ministerio Público, las acciones ilícitas habrían ocurrido durante los procesos del Gasoducto Andino del Sur (etapa de ejecución) y del Gasoducto Sur Peruano (etapa de adjudicación), proyectos promovidos durante el mandato de Humala.
De acuerdo con la acusación, se habría configurado un entramado para favorecer a empresas brasileñas, como Odebrecht, mediante licitaciones direccionadas y pagos indebidos en el marco de la contratación pública. La investigación señala que altos funcionarios del gobierno concertaron con representantes de estas compañías para garantizar su participación y éxito en los concursos del megaproyecto energético, comprometiendo así el interés nacional.
Esta no es la primera vez que la expareja presidencial enfrenta procesos judiciales por corrupción. En un fallo reciente, Humala y Heredia fueron condenados a 15 años de prisión por haber recibido aportaciones ilegales de las campañas presidenciales de 2006 y 2011, provenientes tanto de Odebrecht como del gobierno de Venezuela. Humala actualmente cumple condena en el penal de Barbadillo, mientras que Nadine Heredia reside en Brasil luego de recibir asilo político otorgado por el gobierno de Lula Da Silva.
En paralelo a la nueva acusación fiscal, el Congreso de la República, mediante su Mesa Directiva, anunció la suspensión de beneficios estatales a Humala en su condición de expresidente, como consecuencia de su condena penal. Entre los beneficios retirados se incluyen el préstamo de un vehículo oficial, vales de combustible y el asistente personal que le era asignado.
No obstante, la pensión vitalicia que recibe como exjefe de Estado no será suspendida, ya que está regulada por la Ley 26519 y no por acuerdos del Parlamento. La situación ha generado un nuevo debate público respecto al uso de recursos del Estado en beneficio de expresidentes condenados por delitos graves.
Con este nuevo proceso, el caso del Gasoducto Sur se convierte en otro símbolo de la corrupción estructural que marcó el accionar de gobiernos pasados. La expectativa está centrada en cómo avanzará este proceso judicial, que involucra a figuras de alto nivel y pone nuevamente en entredicho la transparencia en la gestión de grandes obras públicas.
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