Apoyo gubernamental
Consejo de ministros rechaza allanamiento a vivienda de Nicanor Boluarte
Premier Arana advierte sobre politización de la justicia y afecta institucionalidad.
El Consejo de ministros emitió un pronunciamiento público de respaldo a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte. (Foto: PCM)
Lima, – En un singular pronunciamiento, el Consejo de Ministros, reunido en Palacio de Gobierno, salió en defensa de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, tras el allanamiento ordenado por el Ministerio Público en su domicilio en San Borja. El premier Eduardo Arana, acompañado por los ministros, calificó la medida como un intento de “desestabilizar, politizar la justicia y usarla como un arma de venganza política” contra la institucionalidad democrática.
Arana describió el acto como “agraviante del orden constitucional” y alertó que afecta la gobernabilidad. Criticó lo que considera un uso excesivo de una figura excepcional, como el allanamiento, que viola derechos fundamentales como el derecho al domicilio según lo garantizado por la Constitución y el Código Penal. Afirmó también que esa acción legal contraviene la democracia e institucionalidad del país.
En ese sentido, el premier también cuestionó la legitimidad de la figura del “tercero vinculado”, utilizada en la acusación, señalando que no está contemplada en la legislación peruana. Atribuyó el allanamiento a una maniobra orquestada tras la reciente resolución del Tribunal Constitucional, que limita las investigaciones contra un presidente en ejercicio bajo el artículo 117 de la Constitución.
La presidenta Boluarte también calificó el allanamiento como parte de una campaña de destabilización: lo consideró “un muñeco armado por algunos fiscales que fabrican carpetas sin sentido jurídico ni penal”. Desde Palacio añadió: “No me voy a quedar callada… no tenemos rabo de paja”.
Por su parte, el ministro de Transportes, César Sandoval, se sumó a esta posición oficial, denunciando que el procedimiento judicial constituye “una muestra de acoso político permanente” contra la jefatura del Estado.
Este posicionamiento choca con un contexto de creciente tensión política e institucional. El allanamiento se desarrolla en paralelo a una investigación preliminar por presuntos actos de corrupción cometidos por una organización criminal liderada por el entonces ministro Juan José Santiváñez, quien se ha convertido en una figura controvertida.
El episodio evidencia una política marcada por la confrontación entre poderes del Estado, con una creciente judicialización de conflictos políticos y el uso del Estado de Derecho como mecanismo simbólico entre los actores del Ejecutivo.
Fuente: El Comercio
Suscríbete a nuestro Newsletter
Recibe nuestro Newsletter diariamente registrándote con tu email y mantente informado con las noticias más relevantes del día.
También te puede interesar
Mas articulos
Más leídas - NACIONAL
