Retroceso legislativo
APP retira polémico proyecto que permitía deducir extorsiones de impuestos
La bancada legislativa oficializó el retiro tras fuerte rechazo ciudadano y experto en tributos.
Fuente: Composición LR
Lima. -La bancada del partido Alianza para el Progreso (APP) dio marcha atrás este domingo al retirar el proyecto de ley N.º 12793/2025-CR, presentado días atrás, que proponía permitir que empresas víctimas de extorsión puedan deducir esos pagos del Impuesto a la Renta. El documento, que había generado una ola de críticas de la opinión pública, especialistas tributarios y sectores políticos, fue retirado mediante oficio dirigido al Oficial Mayor del Congreso, Giovanni Forno.
El proyecto, presentado por el congresista Luis Cordero Jon Tay, planteaba modificar el literal d) del artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, para que los “pagos de cupos o extorsiones” pudieran considerarse como “pérdidas extraordinarias” deducibles, siempre que la víctima presentara declaración jurada, huella digital, firma legalizada y medios probatorios.
La justificación brindada por el autor del proyecto se sustentaba en que muchas empresas y contribuyentes formales parten de la premisa de que podrían estar siendo afectadas por delitos como la extorsión, lo que impactaría su liquidez, su competitividad y debería reflejarse en el tributo que pagan. Sin embargo, la iniciativa encontró resistencia por varias razones: la imposibilidad material de documentar un pago realizado a organizaciones criminales, la falta de mecanismos de verificación, y el riesgo de que se normalizara la extorsión como parte del costo de hacer negocios.
Entre los críticos destacan figuras como el abogado y docente tributarista Luis Picón, quien explicó que “un gasto para ser deducible debe tener comprobante y registro bancarizado; en el caso de extorsión eso es casi imposible de acreditar”. Asimismo, congresistas de otras bancadas advirtieron que aprobar esa norma enviaría un mensaje equivocado: que el crimen tiene cabida dentro del sistema fiscal y que el Estado aceptaría financiar a los extorsionadores indirectamente.
El retiro oficial del proyecto fue formalizado mediante oficio del vocero de APP, Eduardo Salhuana, quien comunicó que “a efectos de evitar mayores distracciones en la agenda parlamentaria” se solicitaba el retiro del proyecto y su archivo.
La decisión de APP ocurre en un momento de gran tensión por la inseguridad ciudadana, la extorsión en rutas de transporte, las protestas sociales y la presión para que el Gobierno responda con políticas eficaces. Mucho se interpretó que la propuesta podría haber sido una estrategia para mostrar sensibilidad frente al problema de la extorsión, pero sin resolver la raíz del problema.
En el análisis político, este episodio deja un par de conclusiones: primero, que la presión pública y mediática puede frenar iniciativas que generan rechazo transversal; segundo, que la política tributaria y de seguridad están íntimamente vinculadas y que interpretaciones incorrectas pueden volverse símbolos negativos de gobernabilidad.
Ahora, el camino queda abierto para que se planteen medidas más viables y contundentes contra la extorsión: refuerzos policiales, subsidios a afectados, seguros para microempresas, fortalecimiento de la formalidad, y mecanismos de protección más allá de incentivos fiscales imposibles de aplicar. El retiro del proyecto no es solo una retirada legislativa, sino una señal de que el debate sobre extorsión, economía formal y tributación necesita enfoques más elaborados.
Finalmente, la ciudadanía estará atenta a que no vuelva a presentarse una propuesta similar sin antes contar con consenso técnico, legal y social. En un país donde la extorsión agrava la informalidad y la criminalidad, intentar deducir esas pérdidas desde el impuesto a la renta sin garantías es visto como correr riesgos institucionales importantes.
Fuente: La República
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