Avance judicial
Procuraduría exige pago de S/24 millones a Susana Villarán y coacusados
El pedido forma parte del juicio oral que enfrenta la exalcaldesa por presuntos aportes ilegales de Odebrecht y OAS.
Fuente Fotográfica: Internet
Lima.- El juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, continúa avanzando y esta vez la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción presentó una solicitud para que ella y los demás implicados en el caso paguen S/24 millones por concepto de reparación civil al Estado peruano.
La petición fue expuesta durante la audiencia desarrollada por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, instancia encargada del proceso por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio, asociación ilícita para delinquir y lavado de activos, relacionados con los aportes ilegales que habrían realizado las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS a las campañas de la exburgomaestre.
Según la Procuraduría, el monto solicitado busca resarcir el daño económico y moral causado al Estado, considerando la magnitud de los sobornos y la posición pública que ocupaba Villarán durante el periodo investigado.
“El Estado ha sido perjudicado no solo de forma patrimonial, sino también institucional, por la pérdida de confianza ciudadana en las autoridades locales”, argumentó la abogada del Estado, Silvia Guillén, durante la audiencia.
Además de Villarán, la solicitud de reparación civil alcanza a José Miguel Castro, exgerente municipal y principal colaborador de la exalcaldesa, así como a otros funcionarios y empresarios vinculados al caso.
La Fiscalía sostiene que Villarán habría recibido aportes ilegales de hasta US$10 millones de parte de Odebrecht y OAS para financiar la campaña contra la revocatoria de 2013 y su posterior campaña a la reelección municipal en 2014. A cambio, ambas empresas habrían sido favorecidas con la continuidad de concesiones y proyectos de infraestructura en la capital.
El fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato, pidió una pena de 35 años de prisión para Villarán, sustentando su acusación en testimonios de exejecutivos de las constructoras y en la trazabilidad de los fondos utilizados en las campañas políticas.
Durante la audiencia, la defensa de la exalcaldesa rechazó la solicitud de reparación civil y calificó la cifra como “desproporcionada”. Su abogado, Iván Paredes, sostuvo que no existen pruebas de que los fondos aportados por las empresas brasileñas hayan sido utilizados en beneficio personal.
“La señora Villarán no se enriqueció ilícitamente. Todo el dinero se destinó a gastos de campaña y no hay evidencia de apropiación indebida”, afirmó el letrado, quien adelantó que solicitará una revisión del cálculo presentado por la Procuraduría.
El caso ha generado nuevamente debate político y mediático. Diversos analistas consideran que este juicio representa una de las principales pruebas del sistema judicial peruano en la lucha contra la corrupción de alto nivel.
Organizaciones ciudadanas como Proética destacaron la importancia de la reparación civil como una medida de justicia simbólica. “El dinero no devolverá la confianza perdida, pero es un paso necesario para reafirmar que la corrupción tiene consecuencias”, señaló la institución en un comunicado.
El tribunal fijó nuevas audiencias para las próximas semanas, en las que se continuará con la presentación de pruebas documentales y testimoniales. Se espera que la etapa de alegatos finales se realice antes de fin de año.
Fuente: La República
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