Austeridad estatal
Gobierno aprueba decreto para imponer medidas extraordinarias de austeridad
Las restricciones apuntan a frenar el gasto público y asegurar la meta fiscal del 2025.
Foto: PCM
Lima. -El Gobierno peruano oficializó el Decreto de Urgencia N.º 008-2025, mediante el cual se aprueban medidas extraordinarias de austeridad y eficiencia en el gasto público que regirán durante el Año Fiscal 2025. La norma, publicada en el Diario Oficial El Peruano, tiene como objetivo preservar la sostenibilidad fiscal, contener el gasto y garantizar que los recursos del Estado se destinen exclusivamente a prioridades esenciales y de impacto nacional.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) explicó que la medida forma parte de una estrategia más amplia para mantener el déficit fiscal en torno al 2,2% del Producto Bruto Interno (PBI) y asegurar la confianza de los organismos internacionales de crédito. Según el MEF, este paquete de austeridad busca reducir gastos superfluos, racionalizar servicios y priorizar inversiones estratégicas en sectores como educación, salud, infraestructura y seguridad ciudadana.
Entre las principales disposiciones del decreto, se establece que las entidades del Poder Ejecutivo no podrán realizar transferencias financieras después de siete días calendario contados desde la publicación de la norma. De igual forma, se restringe la certificación de créditos presupuestarios para gastos considerados no esenciales, como consultorías, eventos, publicaciones, servicios técnicos y de publicidad.
Asimismo, se prohíbe la habilitación de recursos para proyectos de inversión pública que no cuenten con contratos vigentes o se encuentren fuera del marco del Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones (Invierte.pe). Estas medidas buscan asegurar que cada sol destinado al gasto de capital tenga un sustento técnico y un impacto directo en la población.
El decreto también autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a reasignar los recursos no ejecutados hacia la Reserva de Contingencia, mecanismo destinado a cubrir emergencias o imprevistos presupuestales. Según proyecciones del MEF, esta reasignación podría permitir un ahorro fiscal de aproximadamente S/ 1.200 millones durante el ejercicio 2025, contribuyendo a un manejo más prudente de las finanzas públicas.
La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, destacó que estas medidas buscan “hacer más con menos”, asegurando que los recursos se utilicen de manera eficiente, transparente y responsable. “La austeridad no implica paralizar la inversión, sino redirigirla hacia programas que realmente beneficien a la ciudadanía”, subrayó.
No obstante, algunos analistas advierten que estas restricciones podrían ralentizar el avance de obras públicas en regiones y dificultar la ejecución de proyectos locales. Expertos en gestión pública señalaron que, si bien la disciplina fiscal es necesaria, el Gobierno debe evitar que las políticas de contención afecten la reactivación económica, sobre todo en provincias con baja ejecución presupuestal.
A pesar de las críticas, el Ejecutivo sostuvo que el control del gasto es fundamental para mantener la estabilidad macroeconómica en un contexto de incertidumbre internacional, con precios de materias primas fluctuantes y un entorno financiero más restrictivo. “Es necesario consolidar una cultura de responsabilidad fiscal que garantice un Estado eficiente y sostenible”, enfatizó el MEF en un comunicado oficial.
Finalmente, el decreto resalta que las entidades deberán informar trimestralmente sus avances en materia de austeridad, reportando los ahorros obtenidos y las medidas implementadas para optimizar recursos. Con ello, el Ejecutivo busca instaurar una gestión pública más moderna, donde cada gasto esté justificado y alineado a los objetivos nacionales.
En resumen, el Gobierno apuesta por una política de austeridad responsable, que prioriza el equilibrio de las cuentas públicas, refuerza la transparencia y consolida la confianza económica. La clave estará en lograr un equilibrio entre control del gasto y eficiencia en la ejecución de proyectos, evitando que las restricciones presupuestales frenen el desarrollo social y económico del país.
Fuente: Gestión
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