Crisis bilateral súbita

Perú corta vínculos con México por asilo a Chávez

Cancillería peruana responsabiliza decisión mexicana; SRE sostiene legalidad y tilda respuesta de desproporcionada.

Fuente Fotográfica: Exitosa

México.- El Gobierno del Perú anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México tras confirmarse que ese país concedió asilo a Betssy Chávez, ex presidenta del Consejo de Ministros durante la gestión de Pedro Castillo. La decisión fue comunicada por el canciller Hugo de Zela, en un contexto de tensiones arrastradas desde 2022. Medios internacionales y la propia Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México difundieron posicionamientos oficiales en las horas siguientes.

De acuerdo con despachos de agencias y diarios de referencia, el anuncio peruano se produjo el lunes 3 de noviembre de 2025 (hora local), remarcando que se mantendrían únicamente los servicios de carácter consular. La medida responde, según Lima, a una “injerencia” reiterada de las autoridades mexicanas y, de forma inmediata, al amparo otorgado a Chávez, investigada en su país por presunta participación en los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Castillo intentó disolver el Congreso.

México respondió con un comunicado en el que declaró “excesiva y desproporcionada” la ruptura. La SRE defendió que el asilo diplomático se concedió “en pleno apego al derecho internacional”, con fundamento en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 (Convención de Caracas), instrumento del que tanto México como Perú son parte. Ciudad de México insistió en que brindar protección no equivale a intervenir en procesos internos de otro Estado.

Desde 2022, cuando Castillo fue destituido y detenido tras el intento de cerrar el Parlamento, los cruces entre ambos gobiernos escalaron por declaraciones políticas y por el asilo que México otorgó a familiares del exmandatario. La crisis de esta semana reaviva ese historial y abre interrogantes sobre la cooperación bilateral en foros regionales.

Respecto de la situación jurídica de Chávez, fiscales peruanos la investigan por presuntos delitos de rebelión y conspiración vinculados al episodio del 7 de diciembre. Diversos reportes recuerdan que la ex jefa de gabinete fue sometida a medidas restrictivas y que su caso seguía en sede judicial. El otorgamiento de asilo introduce ahora un elemento diplomático de alto voltaje a un expediente que, hasta antes de esta controversia, se ventilaba principalmente en tribunales peruanos.

¿Qué implica la ruptura? En lo inmediato, el congelamiento de relaciones políticas formales, el retiro o reducción del personal diplomático de alto nivel y el tránsito a canales consulares para asuntos ciudadanos. Aunque la medida tiene un fuerte componente simbólico, expertos citados por la prensa internacional advierten que puede demorar misiones comerciales, agendas de cooperación y coordinación en materia migratoria, sin interrumpir necesariamente la asistencia a nacionales en cada país.

La postura mexicana se ampara en una tradición histórica de asilo político y en la lectura de que la protección a personas que alegan persecución o vulneraciones a derechos es una prerrogativa soberana que no prejuzga procesos penales abiertos. Por su parte, el Ejecutivo peruano sostiene que, al cobijar a una ex alta funcionaria investigada por delitos graves contra el orden constitucional, se afecta la capacidad de su justicia para actuar con eficacia. Esa tensión entre protección humanitaria y respeto de jurisdicciones es el núcleo del desacuerdo.

Fuente Andina

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