Incidente fiscal
PNP denunciará a fiscal por romper acta en El Agustino
Defensoría Policial acusa a Katherine Flores de destruir documento de dos intervenidos por receptación.
Fuente Fotográfica: Willax
El Agustino.- El video dura segundos, pero alcanzó para encender una tormenta institucional. En imágenes grabadas dentro del Departamento de Criminalística de El Agustino se ve a la fiscal Katherine Flores Tasayco discutiendo con policías y rompiendo un acta de intervención. La Defensoría de la Policía Nacional anunció que presentará dos denuncias contra la magistrada: penal y administrativa.
La conducta atribuida a la fiscal afecta la cadena de custodia y podría encubrir pruebas. El acta destruida correspondía a la intervención de dos detenidos investigados por receptación agravada. En el expediente aparecen 60 faros de vehículos de alta gama presuntamente hallados en poder de los intervenidos. “No lo vamos a permitir”, señaló el oficial, al adelantar que la Defensoría acudirá a la vía penal y a los órganos de control para que se determinen responsabilidades.
El registro que circuló en redes muestra a la representante del Ministerio Público desgarrando el documento mientras exige el número del comandante a cargo. Los agentes insisten en que se trata de un instrumento oficial y que cualquier observación debe canalizarse de forma regular. Ramírez recordó que romper documentos públicos puede acarrear penas de 2 a 10 años de cárcel bajo los tipos previstos para la destrucción de documentos oficiales. Hasta el cierre de la publicación, no había pronunciamiento del Ministerio Público ni de la propia fiscal.
Más allá del impacto viral, el episodio abre dos planos de análisis. En lo procesal, la discusión gira en torno a qué sucede con la validez de la diligencia cuando el acta física se destruye durante el procedimiento. En principio, es posible reconstruir la actuación con duplicados, copias certificadas y registros audiovisuales tomados por los intervinientes, además de los asientos que reposan en la dependencia policial. Esa reconstrucción, sin embargo, no reemplaza la necesidad de determinar si hubo una afectación dolosa al documento original y si ello comprometió pruebas o derechos de defensa.
En lo institucional, el caso expone la tensión recurrente entre policías y fiscales en campo. Por ley, la conducción de la investigación penal recae en el Ministerio Público, y la PNP actúa en apoyo; por práctica, ambas instancias comparten espacios donde las decisiones son minuto a minuto. De ahí la relevancia de protocolos claros para resolver desacuerdos sin romper la trazabilidad de los actos. La Defensoría de la PNP ya anticipó acciones y es previsible que la Oficina de Control Interno del Ministerio Público también abra indagación disciplinaria.
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