Justicia contra abusos

Rosa Vásquez recibe dura pena por peculado

Gobernadora regional de Lima afronta sentencia de nueve años y cinco meses más inhabilitación.

Fuente Fotográfica: Internet

Lima.- La gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado, fue condenada a 9 años y 5 meses de prisión efectiva por delitos de corrupción vinculados a la obra del Centro Cívico de Matucana, en la provincia de Huarochirí. La decisión fue dictada por el Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Ate, que la halló responsable de peculado por apropiación y falsificación de documentos, luego de un proceso que se extendió durante varios meses.

El fallo también establece que la autoridad regional deberá pagar S/ 100 000 de reparación civil a favor del Estado peruano. Según la sentencia, se acreditó un perjuicio económico por la sobrevaloración de la obra y porque el proyecto quedó inconcluso, pese a que la municipalidad desembolsó más dinero del que correspondía por la construcción del centro cívico y su auditorio.

La condena se remonta a hechos ocurridos cuando Vásquez Cuadrado era alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Huarochirí. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaura, respaldada por la labor de la División de Investigación de Delitos de Corrupción (Dircocor) de la Policía, durante su gestión se direccionó el manejo de recursos y se usaron documentos falsificados para justificar pagos y movimientos de fondos relacionados con la obra.

El tribunal determinó que se falsificaron resoluciones gerenciales y otras piezas documentales, con firmas adulteradas, para permitir desembolsos irregulares. Esos documentos sirvieron para sustentar pagos en una obra que no avanzaba conforme a los plazos y condiciones contractuales, pero que sí generaba egresos adicionales de dinero público.

Dentro del mismo caso se enmarca el operativo “Los Compadres de la Corrupción”, nombre con el que la Fiscalía bautizó a la investigación sobre una supuesta red que habría aprovechado el aparato estatal para favorecer a proveedores cercanos a la autoridad y a otros altos funcionarios. La hipótesis fiscal señala que la adjudicación de contratos se hacía sobre la base de relaciones personales, de amistad o compadrazgo, desviando la lógica de competencia y transparencia que exigen las normas de contratación pública.

Como parte de ese operativo, se realizaron allanamientos simultáneos a diversos inmuebles: la vivienda de la propia gobernadora, oficinas vinculadas al Gobierno Regional de Lima y espacios pertenecientes a empresas presuntamente beneficiadas. En esos registros se incautó documentación, dispositivos electrónicos y otros elementos de convicción que reforzaron la tesis del Ministerio Público sobre el uso indebido del cargo para beneficio propio o de terceros.

Tras escuchar la sentencia, la defensa de Vásquez Cuadrado, encabezada por el abogado Erickson Costa Carhuavilca, presentó recurso de apelación contra todos los cargos. Su objetivo es intentar revertir o reducir la pena impuesta. Mientras la sala de segunda instancia evalúa el caso, la resolución del colegiado mantiene vigente la condena de prisión, así como las consecuencias políticas y administrativas que acarrea.

Si la sentencia es confirmada, la gobernadora deberá ser internada en un establecimiento penitenciario y se activará el procedimiento de vacancia del cargo ante el Consejo Regional de Lima y, posteriormente, ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Además, el fallo incluye la inhabilitación para ejercer cualquier función pública, al tratarse de un delito doloso con pena privativa de libertad efectiva.

Fuente: La República

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