Lima enfrenta crisis criminal

Gobierno declara emergencia en Lima y Callao contra criminalidad organizada

Policía y Fuerzas Armadas reforzarán patrullajes durante los próximos sesenta días.

Lima.- El Gobierno declaró el estado de emergencia por 60 días calendario en Lima Metropolitana y el Callao, como parte de una estrategia para enfrentar el avance de la criminalidad organizada y otras situaciones de violencia que afectan a la población.

La medida fue oficializada mediante un Decreto Supremo publicado en el diario oficial El Peruano y establece restricciones o suspensiones de determinados derechos constitucionales, entre ellos la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

Durante la vigencia del régimen, la Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Asimismo, las actividades religiosas, culturales y deportivas, así como otros eventos masivos y públicos, deberán contar con la autorización correspondiente de las autoridades competentes.

Una de las principales disposiciones es la creación, dentro de las primeras 24 horas, del Comando de Coordinación Operativa Unificada, que será presidido por el comandante general de la Policía e integrado por representantes de las Fuerzas Armadas, Conasec, DINI, MEF, Indeci, Ministerio Público, Poder Judicial y las municipalidades de Lima y Callao.

Este comando tendrá la responsabilidad de coordinar las acciones destinadas a restablecer y mantener el orden interno, con participación de policías, militares y serenazgos. Además, los municipios distritales podrán incrementar la contratación de serenos con experiencia previa en las Fuerzas Armadas o la Policía.

El plan contempla patrullajes disuasivos permanentes, tanto a pie como motorizados, en zonas consideradas críticas, incluyendo paraderos, estaciones de transporte público, mercados y centros comerciales.

En los establecimientos penitenciarios también se aplicarán medidas especiales. Entre ellas figuran el apagón eléctrico de las celdas, el desmontaje de antenas ilegales ubicadas alrededor de los penales y operativos permanentes para incautar teléfonos y chips. También se realizarán pruebas de polígrafo al personal del INPE por parte del Sistema de Inteligencia Nacional.

El Gobierno también anunció operativos contra la trata de personas, comercialización ilegal de drogas, mercado ilegal de armas y venta informal de chips y celulares de dudosa procedencia.

La declaratoria busca reforzar la capacidad operativa del Estado frente a la inseguridad que afecta a Lima y Callao.