Crisis de seguridad minera
Gobierno despliega fuerzas especiales tras masacre en Pataz
Trece trabajadores asesinados por mafias mineras ilegales en La Libertad
La Libertad.- El Ministerio del Interior (Mininter) anunció el envío urgente de unidades especializadas en secuestros y crimen organizado hacia la provincia de Pataz, región La Libertad, tras el hallazgo de 13 trabajadores mineros asesinados. Las víctimas eran empleados de la contratista R&R, que presta servicios a la empresa Minera Poderosa.
Fueron halladas en un socavón, desnudas, maniatadas y con signos de ejecución, según confirmaron las autoridades policiales.
Estos trabajadores habían sido secuestrados el 26 de abril por presuntos sicarios vinculados a la minería ilegal. El crimen ha sido atribuido a mafias organizadas que operan con violencia en zonas de alto conflicto minero.
Ante la gravedad de los hechos, el Mininter ha movilizado al Grupo Especial contra el Crimen Organizado y equipos de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), con el objetivo de capturar a los responsables.
El ministro de Energía y Minas anunció que se radicalizará el estado de emergencia vigente en la provincia desde febrero, como respuesta a los constantes hechos de violencia que amenazan a trabajadores mineros y poblaciones cercanas.
La situación ha puesto nuevamente en evidencia la debilidad del Estado frente a la creciente influencia del crimen organizado vinculado a la minería ilegal.
Por su parte, la Minera Poderosa denunció que la zona ha sido tomada por bandas criminales que han convertido el territorio en un espacio sin ley, generando un clima de terror constante.
Esta empresa, que ha sufrido múltiples atentados y secuestros en los últimos meses, ha pedido protección para su personal y una respuesta firme del Estado.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos cuestionó la respuesta del gobierno, señalando que no basta con declaraciones o estados de emergencia, sino que se requiere una presencia real del Estado, con una estrategia integral de seguridad, justicia y desarrollo. También resaltó la falta de voluntad política sostenida para enfrentar una problemática que ya lleva años agravándose.
En paralelo a este caso, se registró otro grave incidente: al menos 20 trabajadores fueron secuestrados en una planta de la minera Caravelí, también en la provincia de Pataz.
Ocho personas resultaron heridas durante el rescate, entre ellas dos efectivos policiales. Este nuevo hecho subraya la escalada de violencia que enfrenta la región.
Ante esta crítica situación, el Gobierno Regional de La Libertad solicitó al Ejecutivo evaluar la declaratoria del estado de sitio en Pataz, como una medida extraordinaria para restablecer el orden público.
La población vive con miedo, mientras se multiplican las denuncias por extorsión, secuestros y asesinatos vinculados a bandas armadas.
La masacre de los trabajadores ha causado conmoción a nivel nacional y ha reavivado el debate sobre la ineficacia del Estado para hacer frente a las mafias mineras ilegales, que operan con impunidad en zonas alejadas y de difícil acceso. La presión sobre el Gobierno central aumenta, mientras las familias de las víctimas exigen justicia y garantías de seguridad.
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