Violencia minera sacude región
Matanza en Pataz: hallan sin vida a los 13 mineros secuestrados
Víctimas fueron encontradas maniatadas pese a patrullajes armados y control estatal en operativo especial.
Trece trabajadores aparecen ejecutados dentro de socavón tras cruel secuestro criminal.
Una masacre sin precedentes conmocionó a la provincia de Pataz, en el departamento de La Libertad, donde fueron encontrados muertos los trece trabajadores secuestrados el pasado sábado 26 de abril. Las víctimas, quienes laboraban para la empresa R&R, fueron halladas sin vida al interior de un socavón, con signos evidentes de ejecución extrajudicial.
Según las primeras diligencias policiales, el secuestro habría sido perpetrado por Miguel Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, presunto cabecilla de una red de minería ilegal que opera con violencia en la zona. Los criminales exigían un rescate de cuatro millones de soles, pero nunca se concretó ninguna negociación. Posteriormente, no hubo más contacto con los familiares, y desde entonces se temía lo peor.
La mañana del domingo 4 de mayo, agentes de la Policía Nacional ingresaron a una de las galerías mineras cercanas al lugar donde fueron vistos por última vez los mineros. Allí, se toparon con una escena escalofriante: los trece trabajadores yacían maniatados y con impactos de bala, evidencia de un acto planificado y brutal.
Los familiares de las víctimas denunciaron públicamente el nivel de indiferencia del Estado frente a los constantes hechos de violencia en esta región. Muchos cuestionan cómo pudo ocurrir un secuestro masivo y un posterior asesinato dentro de una zona declarada en estado de emergencia, con presencia de policías y militares desplegados por el Gobierno.
Por su parte, la empresa Minera Poderosa, vinculada contractualmente con R&R, emitió un comunicado expresando su profunda preocupación y solidaridad con las familias afectadas. La compañía denunció que grupos de minería ilegal, aliados con organizaciones criminales armadas, han venido atacando sus operaciones desde el año 2020. Como consecuencia, varias instalaciones han tenido que ser abandonadas, mientras el personal y los mineros artesanales formalizados trabajan bajo constante amenaza.
Además, Poderosa criticó duramente la ineficiencia de las medidas de seguridad impuestas por el estado de emergencia. A pesar de la presencia militar en Pataz, no se pudo evitar este crimen. “La violencia se sigue desbordando y se ha cobrado trece vidas inocentes. Es urgente una reacción firme y sostenida por parte del Estado”, señaló la empresa en su pronunciamiento.
Este caso ha reavivado el debate nacional sobre el avance del crimen organizado en zonas mineras, la ineficacia del control estatal en territorios dominados por mafias y la urgencia de reformular la estrategia de seguridad en las regiones andinas donde conviven la minería formal, informal e ilegal.
Mientras continúan las investigaciones y se espera la identificación oficial de los cuerpos, la sociedad exige justicia. La masacre de estos trece trabajadores se convierte en un símbolo del abandono y la violencia estructural que enfrentan diariamente quienes buscan subsistir en zonas de conflicto minero.
Fuente: Perú21
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