Solicita expediente diferenciado urgente
Pedro Castillo solicita dividir investigaciones acumuladas por presunta red criminal estatal
Expresidente busca desacumular causas penales relacionadas con contratos públicos, sobornos y estructuras paralelas.
Pedro Castillo pide separar procesos judiciales por presunta red delictiva estatal
Lima.- El expresidente Pedro Castillo Terrones ha solicitado formalmente al Poder Judicial la desacumulación de los procesos penales que enfrenta, los cuales actualmente se encuentran agrupados en un único expediente fiscal. La solicitud fue presentada por su defensa legal el pasado 11 de abril, con el objetivo de que los casos que lo involucran sean analizados de manera individual y no conjunta.
Actualmente, el exmandatario afronta una investigación preparatoria por parte de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por funcionarios Públicos, bajo mandato de prisión preventiva por 36 meses. La acusación abarca presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada, cometidos en agravio del Estado peruano. Los hechos están vinculados a tres casos emblemáticos: Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.
La defensa argumenta que mantener un solo expediente acumulado vulnera el principio de debido proceso, ya que las tres imputaciones tendrían naturalezas distintas, con actores y contextos jurídicos diferenciados. Por ello, han solicitado que cada caso sea devuelto a su carpeta fiscal de origen, en la cual se investigan también a otros personajes implicados, como en los casos de los asesores en la sombra y el caso Anguía, que apunta a presuntas irregularidades en obras públicas y designaciones durante su gobierno.
Sin embargo, el Ministerio Público, a través de la misma fiscalía especializada, presentó un escrito de oposición formal con fecha 29 de abril, rechazando el pedido de desacumulación. En dicho documento, la fiscalía sostiene que existe una vinculación estructural entre los tres casos, sustentando la necesidad de una visión integral para entender la presunta red delictiva que se habría instalado desde el más alto nivel del Ejecutivo.
El encargado de evaluar la solicitud es el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien deberá pronunciarse en los próximos días tras recoger los argumentos de todas las partes procesales involucradas. La decisión judicial podría marcar un precedente importante sobre cómo se abordan los procesos de alta complejidad y corrupción gubernamental en el Perú.
El exjefe de Estado permanece recluido en el Penal de Barbadillo, en el distrito de Ate, desde el año 2022, luego de que el Congreso aprobara su vacancia y fuera detenido por intentar un autogolpe de Estado. Las investigaciones en su contra han sido ampliadas con el paso del tiempo, implicándolo en presuntas redes criminales que habrían operado desde diversas entidades del aparato estatal.
De ser aceptada la solicitud, el proceso judicial podría extenderse aún más, dado que se requeriría abrir procesos paralelos para cada caso, lo cual implicaría nuevas diligencias, recolección de pruebas y cronogramas independientes. En caso de ser rechazada, el expresidente continuará enfrentando una acusación acumulada con todos los elementos probatorios integrados en un solo expediente.
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