Juez impone restricciones judiciales
Vizcarra no irá a prisión pero sigue bajo restricciones legales
Fiscalía apelará fallo que negó prisión preventiva al expresidente.
Lima.- El Poder Judicial, a través del juez Víctor Alcócer, declaró infundado el pedido de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra, solicitado por el Ministerio Público en el marco de una investigación que se le sigue por presuntos actos de corrupción durante su mandato.
Aunque el juez rechazó la solicitud de prisión preventiva, consideró necesario imponerle restricciones que garanticen su sometimiento al proceso.
Entre las medidas dispuestas se incluyen: la prohibición de salir del país por un periodo de seis meses, el cumplimiento de control biométrico periódico, la prohibición de asistir a embajadas y la prohibición de comunicarse con diplomáticos.
Estas restricciones buscan asegurar la comparecencia del investigado ante la justicia y evitar cualquier tipo de obstaculización del proceso.
La decisión judicial fue dada tras la audiencia en la que la Fiscalía solicitó prisión preventiva, argumentando que existía riesgo de fuga y obstrucción a la justicia por parte del exmandatario. No obstante, el juez Alcócer determinó que no se cumplían los criterios suficientes para dictar una medida de esa naturaleza, aunque sí admitió que debía mantenerse la vigilancia y ciertas restricciones sobre el imputado.
Tras conocer la resolución, el Ministerio Público anunció que presentará un recurso de apelación, señalando que no comparte el criterio del juzgado y que insistirá en que la prisión preventiva es necesaria, dadas las características del caso y la gravedad de los delitos imputados.
La Fiscalía considera que Vizcarra podría utilizar su red de contactos para influir en el proceso y, eventualmente, evadir la acción de la justicia.
Martín Vizcarra, quien ocupó la presidencia del Perú entre 2018 y 2020, es investigado por presuntos actos de corrupción vinculados a contratos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua y posteriormente como jefe de Estado. La Fiscalía sostiene que recibió sobornos a cambio de favorecer a determinadas empresas en licitaciones de obras públicas.
Este nuevo episodio judicial se suma a otros procesos en curso contra expresidentes peruanos, reflejando la profunda crisis institucional que ha enfrentado el país en los últimos años.
La figura de Vizcarra, en su momento respaldada por sectores ciudadanos por su discurso anticorrupción, ha quedado seriamente cuestionada por estos casos.
La defensa del expresidente ha sostenido que las acusaciones en su contra no tienen fundamento suficiente y que se está utilizando el sistema judicial como un instrumento de persecución política.
Por su parte, Vizcarra ha reiterado que colaborará con las investigaciones y que confía en que demostrará su inocencia.
La decisión del juez Alcócer marca un nuevo capítulo en este proceso legal, mientras se espera el pronunciamiento de una instancia superior tras la apelación fiscal.
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