Crimen / Justicia
Revelan que “El Monstruo” negociaba intercambios de secuestrados por detenidos con PNP
Conversaciones muestran tratos en 2021 entre Erick Moreno y policías para liberar víctimas secuestradas.
Fuente: Composición LR
Paraguay, -En recientes declaraciones tras su captura en Paraguay, Erick Luis Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, confesó que mantenía un acuerdo con miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) para intercambiar detenidos de su organización criminal por personas secuestradas. Entre las víctimas citadas están la niña Valeria y la empresaria Jackeline Salazar.
Según los extractos de conversaciones difundidos por medios peruanos, el coronel Franco Morena Panta, jefe de la División de Secuestros y Extorsiones de la Dirincri, le recriminó a Moreno que “en 2021 habíamos pactado que si tú tenías un secuestrado, te lo devolvía con un detenido a cambio”. Sin embargo, el ‘Monstruo’ propuso que esos acuerdos no se cumplían tal como lo exigía la norma, a la par de alegar la persistencia de estos tratos pese a los compromisos oficiales.
El acuerdo evidencia una trama compleja de presunta complicidad policial, en la que se insinuaba una negociación fuera de los parámetros legales. Las autoridades le reprochan directamente haber continuado con actos de secuestro luego de que se le advirtió que dejara esa práctica.
Entre los casos mencionados por Moreno se encuentran el secuestro de la menor Valeria Vásquez y el de la empresaria Jackeline Salazar, quienes figuraron como víctimas de la organización criminal al mando de Moreno. Estas denuncias reavivan interrogantes sobre el rol de policías vinculados al intercambio de personas retenidas en crímenes mayores.
La preocupación pública se concentra en que dichos intercambios podrían haberse realizado sin garantías judiciales ni supervisión fiscal, lo que implicaría un claro quiebre del sistema de justicia, así como violaciones a derechos fundamentales de las víctimas. En paralelo, se especula que tales negociaciones podrían haber sido usadas como mecanismo de impunidad o como una forma de que Moreno mantuviera poder e influencia aun mientras operaba clandestinamente.
La fiscalía y la PNP deberán ahora investigar de forma transparente: quiénes participaron, bajo qué condiciones se realizaron esos intercambios, qué correspondencia existe en actas u órdenes oficiales, y si hay responsables dentro de la corporación policial. La revelación de estos hechos aumenta la presión ciudadana para que se sancione cualquier acto de corrupción institucional que facilite delitos graves.
Mientras tanto, Moreno se encuentra detenido en Paraguay, a la espera de su extradición al Perú, donde enfrentaría estos nuevos cargos, además de los ya imputados anteriormente. Las víctimas y organizaciones defensoras exigirán que se garantice justicia, reparación y que no se privilegie ninguna excusa o pacto informal que desconozca los procedimientos legales.
Este caso no sólo reabre heridas en las víctimas, sino que también plantea un desafío institucional para que el Estado responda claramente ante denuncias de cruces entre crimen organizado y fuerzas del orden. En los próximos días se espera que nuevas pruebas —audiovisuales, testimoniales o documentos internos— sean puestas en el expediente para fortalecer la investigación. ¿Cómo se resolverá esto dependerá mucho de la presión social, la transparencia de las autoridades y la independencia del sistema judicial.
Fuente: La República
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