Medida extrema
El INPE inicia “apagón eléctrico” en Penal de Lurigancho para reforzar seguridad
Operativo abarca los tres niveles del pabellón 11 y busca frenar comunicaciones ilegales de internos.
Fuente: Composición LR
Lima. -El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunció este miércoles la implementación de un drástico “apagón eléctrico” dentro del penal de Lurigancho, en Lima Metropolitana, como parte de las medidas extraordinarias de seguridad tras la reciente declaratoria de estado de emergencia en Lima y el Callao.
La operación comenzó alrededor de las 10:55 de la mañana en el pabellón 11, abarcando los tres niveles del recinto penitenciario. Un equipo de 40 agentes penitenciarios, bajo la supervisión del director de Seguridad Penitenciaria y el subdirector de Seguridad de la Oficina Regional Lima, retiró cables, enchufes y puntos de conexión no autorizados tanto en celdas como en áreas comunes.
La razón oficial es reducir drásticamente el uso de artefactos eléctricos no autorizados —como televisores, parlantes, ventiladores, cafeteras, hervidores y otros dispositivos— los cuales el INPE identifica como herramientas que facilitan comunicaciones ilícitas, control interno por parte de internos privilegiados y extensión de redes delictivas desde el interior del penal.
Asimismo, se inspeccionaron techos y patios del establecimiento para detectar antenas, cables ocultos u otras instalaciones que pudieran estar siendo empleadas para conectar con el exterior sin supervisión. Según el organismo, el apagón es parte de una estrategia más amplia para recuperar el control absoluto del suministro eléctrico, iluminación y transmisión de energía dentro del centro penitenciario.
La medida se produce en un contexto crítico. El penal de Lurigancho es considerado el establecimiento más grande del país, con sobrepoblación, reportes frecuentes de tráfico interno de celulares, drogas, privilegios de internos y estructuras paralelas de poder. Esta intervención se presenta como una respuesta de choque ante el debilitamiento del orden interno.
Sin embargo, la iniciativa también genera interrogantes acerca de sus posibles efectos. Por un lado, se espera que la restricción del suministro eléctrico reduzca infracciones, el ingreso de dispositivos ilegales y la operatividad de bandas desde dentro del penal. Por otro, expertos en derechos humanos y sistema penitenciario advierten que se deben garantizar condiciones mínimas de dignidad, iluminación, ventilación y seguridad para evitar que la medida derive en un riesgo para los internos que cumplen condena.
Desde el INPE se defiende que la estrategia se alinea con la política estatal de lucha contra la criminalidad organizada, extorsión desde cárceles y el incremento de controles internos. Se recalca que la medida es “temporal y excepcional”, vinculada al estado de emergencia declarado, y se espera que se evalúe su eficacia y continuidad después de su implementación.
Para la población y las autoridades que monitorean la seguridad ciudadana, la acción en Lurigancho puede leerse como un señalamiento de que el Estado está dispuesto a tomar medidas intensas para recuperar el control en los lugares claves de concentración del crimen. Tanto la Policía Nacional como otras entidades vinculadas seguirán de cerca los resultados.
En conclusión, el apagón eléctrico en el penal de Lurigancho representa una medida extrema en un momento de crisis de seguridad. Su éxito dependerá no solo de cuánto se reduzcan las conductas ilícitas en el interior del centro, sino de que se mantenga el respeto a la dignidad humana, se garantice el control efectivo y se comunique claramente a la ciudadanía los resultados que se logran con esta intervención.
Fuente: Andina
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