Ultimátum gremial

Transportistas dan 10 días al Congreso para aprobar ley contra extorsiones o protestas

Acordaron plazos con el Parlamento para debatir norma que busca frenar extorsiones al transporte urbano.

Fuente: Composición LR

Lima. -Dirigentes del transporte formal en Lima y Callao le han dado un plazo máximo de diez días al Congreso para que apruebe un proyecto de ley contra las extorsiones al transporte público, advirtiendo que, de no cumplir, retomarán medidas de fuerza. El anuncio surge tras la paralización del sector el 2 de octubre por denuncias de asesinatos, amenazas y cobros ilegales.

Durante una reunión entre gremios y parlamentarios, se acordó que la Comisión de Transportes emitirá un pre dictamen en ese lapso, y que el proyecto será elevado a agenda del pleno dentro de 30 días. Entre las medidas que propone la iniciativa figura la creación de un grupo élite policial especializado, con participación de la Policía, Fiscalía y Poder Judicial, para investigar y sancionar a las redes de extorsión que actúan con impunidad.

El presidente del Congreso, José Jerí Oré, se comprometió a priorizar esta propuesta normativa. El acuerdo incluyó que los gremios levantarían el paro actual en espera de avances concretos.

Gremios líderes como Martín Valeriano (ANITRA) y Héctor Vargas (CTU) sostuvieron que ya se han firmado compromisos similares anteriormente, sin resultados palpables. “Mientras tanto, las muertes de conductores se han incrementado; eso no se puede seguir permitiendo”, manifestó Valeriano.

Además de las sanciones penales, el proyecto contempla mecanismos de coordinación interinstitucional, accesos a información financiera de sospechosos, obligación de cooperación de empresas de telecomunicaciones para identificar líneas utilizadas por extorsionadores y protocolos de protección para testigos.

El contexto que rodea este ultimátum es la presión acumulada por el clamor de transportistas víctimas del cobro de “cupos”, amenazas de muerte y atentados por parte de mafias que actúan en rutas vulnerables. Según gremios, han perdido la confianza en el accionar institucional frente a estas redes criminales.

Expertos legales consultados señalan que, aunque el plazo es ajustado, podría servir como catalizador para abrir espacios legislativos urgentes si existe voluntad política real. No obstante, alertan de que sin recursos, fiscalización y voluntad institucional, muchas normas se quedan en letra sin aplicación efectiva.

El futuro de esta iniciativa dependerá de que las comisiones parlamentarias tramiten el proyecto con celeridad, que el pleno lo vote dentro del plazo y que las entidades responsables (Policía, Ministerio Público) activen mecanismos de control inmediato. Si el Congreso demora, los transportistas podrían retomar protestas más radicales en los próximos días.

Este episodio marca un punto de tensión entre el sector transporte y el poder legislativo. La eficacia del ultimátum podrá determinar si la sensación de hartazgo social se traduce en normas efectivas o en más conflictos públicos.

Fuente: La República

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