Impunidad alarmante
Extorsión en Perú: miles de denuncias, apenas unas pocas sentencias
De 85 000 denuncias entre 2020-2025, solo 1 470 casos terminaron en condena.
Fuente: Andina/Difusión
Lima. -El delito de Extorsión en el Perú atraviesa una crisis de impunidad estructural, según datos recientes que revelan un abismo entre la cantidad de denuncias y el número de procesos que se traducen en sentencias. Entre los años 2020 y 2025 se registraron aproximadamente 85 000 denuncias por extorsión en el país. Sin embargo, solo alrededor de 1 470 casos lograron una condena durante ese periodo, lo que representa apenas un 1.7 % de eficacia judicial.
Este desequilibrio evidencia que más del 98 % de las denuncias quedan sin una resolución condenatoria, lo cual alimenta un escenario en el que las redes criminales dedicadas al cobro de “cupos”, amenazas o violencia encuentran amplios espacios para operar sin consecuencias legales efectivas.
Las cifras no sólo indican volumen, sino también una expansión del fenómeno. En 2025 solo entre enero y mayo se reportaron 11 475 denuncias de extorsión —un aumento de 22.5 % respecto al mismo periodo del año anterior—, lo que proyecta que el año podría cerrar con cerca de 30 000 casos denunciados.
Especialistas advierten que la impunidad “es el combustible” del delito. El ex-viceministro del Interior, Julio Corcuera, señaló que la escasa proporción de condenas permite que los extorsionadores operen con bajo riesgo y alta rentabilidad.
Entre las causas que explican esta grave brecha están: la falta de recursos del Ministerio Público para investigar, la saturación de casos, la carencia de canales eficaces de protección a víctimas, la debilidad de la prueba contra redes delictivas organizadas y la limitada capacidad de persecución de las autoridades policiales.
El impacto del fenómeno es múltiple:
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Muchas pequeñas y medianas empresas, transportistas, y comerciantes se ven obligadas a pagar “cupos” para operar, bajo amenaza de violencia.
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La sensación de inseguridad crece entre la ciudadanía cuando ver que pocos casos terminan en sanción.
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Las redes criminales se diversifican y expanden a regiones antes poco afectadas, haciendo cada vez más difícil la contención.
Las autoridades han declarado que parte esencial del combate pasa por mejorar la coordinación entre las entidades de investigación, fortalecer los mecanismos de denuncia, brindar protección eficaz a víctimas y testigos, agilizar los procesos judiciales y sancionar con mayor severidad a quienes están detrás de estas redes.
En este contexto, la cifra tan baja de sentencias —comparada con la magnitud del delito— aparece como una de las claves del perpetuo crecimiento de la extorsión en el Perú. Si no se interviene con una estrategia integral que ataque tanto el aspecto de prevención como de persecución, el problema podría seguir escalando.
En resumen, aunque el país enfrenta un volumen creciente de denuncias por extorsión, la capacidad de traducir esos reportes en condenas judiciales es extremadamente limitada. Esa asimetría favorece la criminalidad organizada y mina la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de la justicia. Hacer frente a este desafío requiere voluntad política, recursos técnicos y un enfoque coordinado a nivel nacional.
Fuente: Perú21
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