Sentencia por conspiración
Poder Judicial sentencia a Pedro Castillo a más de once años efectivos
Betssy Chávez recibe misma pena por participación en conspiración rebelde.
Lima.- El Poder Judicial dictó 11 años, 5 meses y 15 días de prisión contra el expresidente Pedro Castillo, tras hallarlo responsable del delito de conspiración para la rebelión. vencera el 21 de mayo del 2034.
La sentencia también incluye 2 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, marcando un hito en uno de los procesos más relevantes de los últimos años en el país.
Según el tribunal, la pena impuesta responde a la gravedad de los hechos ocurridos durante el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
La Sala concluyó que Castillo participó de manera directa en una maniobra destinada a quebrar el orden constitucional, configurando el delito de conspiración.
Sentencias para los demás implicados
La misma condena de 11 años, 11 meses y 15 días fue aplicada a la ex presidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez, a quien el tribunal considera corresponsable en la planificación y difusión del mensaje presidencial que anunció la disolución del Congreso.
Su participación fue catalogada como determinante en los hechos investigados.
El ex jefe de asesores de la PCM, Aníbal Torres, recibió una pena menor: 6 años y 6 meses de prisión. No obstante, el tribunal dispuso que dicha pena quede suspendida provisionalmente, en tanto la defensa presente los recursos de apelación correspondientes.
En la misma línea, el exministro del Interior Willy Huerta fue sentenciado a 11 años, 5 meses y 15 días, pero la ejecución de su condena también quedará suspendida por el mismo periodo, sujeto al proceso de apelación.
Reparación civil millonaria
Además de las penas privativas de libertad, el tribunal fijó una reparación civil de S/ 12 millones, que deberá ser pagada de manera solidaria entre Pedro Castillo, Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta. El monto busca resarcir los daños causados al Estado peruano tras el intento de ruptura del orden democrático.
Esta decisión del Poder Judicial representa un precedente en materia de responsabilidades políticas y penales en casos de atentados contra la institucionalidad democrática. El proceso continuará en segunda instancia si las defensas de los sentenciados presentan sus recursos.
El fallo dispone que el expresidente continúe cumpliendo su condena en el Penal de Barbadillo, donde permanecía recluido con una orden de prisión preventiva desde su detención en flagrancia.
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