Investigan tortura

Fiscalía ordena detención preliminar de cuatro agentes del INPE en Puno

Autoridades incautan pruebas y fortalecen investigación en penal regional Puno.

Puno.- La Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Puno abrió una investigación y obtuvo detención preliminar judicial por siete días contra cuatro agentes de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por el presunto delito de tortura en agravio de un recluso del establecimiento penitenciario de Puno. La decisión fue confirmada por el Ministerio Público tras las diligencias de hoy en esa región del sur peruano.

Los agentes implicados son Cristian Vásquez, John Aruhuanca, Jaime Cajchaya y Renzo Ccapacca, quienes, según la investigación fiscal, habrían participado en el presunto maltrato físico sufrido por un interno el 21 de abril de 2025 durante su ingreso al penal regional. De acuerdo con el fiscal provincial Víctor Castillo Revilla, titular de la fiscalía especializada, los acusados habrían golpeado reiteradamente al agraviado con una vara reglamentaria antes de devolverlo a su celda, en lo que se considera una vulneración de los derechos fundamentales.

Tras la orden judicial, el Poder Judicial autorizó la detención y la fiscalía realizó allanamientos de las viviendas de los cuatro imputados en la ciudad de Puno, donde se incautaron documentos, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos que podrían aportar pruebas para avanzar en la investigación. Las diligencias se llevaron a cabo con apoyo de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú.

La medida responde a la denuncia presentada ante el Ministerio Público y a la calificación del delito dentro del ámbito de los derechos humanos y contra el terrorismo, lo que implica que la investigación busca establecer con rigor si hubo trato cruel, inhumano o degradante en contra del interno durante su custodia y traslado, bajo la custodia del INPE. Esta acción forma parte del compromiso del sistema de justicia de garantizar el respeto al debido proceso y los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad en las cárceles peruanas.

Este caso se suma a otros procesos en los que se ha investigado a personal de seguridad del INPE o de otras fuerzas por presuntos abusos contra internos, en medio de un contexto donde las organizaciones de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo han señalado repetidamente la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, supervisión y sanción en los centros penitenciarios.

El fiscal Víctor Castillo Revilla y su equipo fiscal —incluidos Hugo Vizcarra Mamani, Roosevelt Ramos Salas, Willy Machaca Luque y Christian Pérez Mendizábal— han asumido la conducción de la investigación, que continúa su curso con la recolección, análisis y preservación de evidencias que permitan determinar si los hechos constituyen tortura conforme a la legislación vigente.

Las autoridades penitenciarias no han emitido un pronunciamiento oficial hasta el momento, mientras que la defensa de los detenidos tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas en el marco del proceso judicial abierto. El caso ha generado atención regional debido a la gravedad de las imputaciones y al llamado a garantizar la integridad y los derechos de las personas privadas de libertad bajo la responsabilidad del Estado.

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