Crisis electoral en Perú

JNE denuncia a jefe de ONPE por fallas en elecciones 2026 en Lima

Problemas logísticos dejaron a miles de ciudadanos sin poder votar.

Lima.- En un hecho que agrava la crisis institucional en torno a las Elecciones Generales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó una denuncia penal contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, así como contra otros cuatro funcionarios de la entidad, por los problemas registrados durante la jornada electoral.

La medida responde a las graves irregularidades en la distribución del material electoral, que ocasionaron retrasos en la instalación de mesas de sufragio y dejaron a miles de ciudadanos sin poder ejercer su derecho al voto en diversas zonas del país, especialmente en Lima.

Según el JNE, los hechos podrían configurar delitos vinculados a la omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, lo que motivó la acción legal contra los funcionarios responsables de la organización del proceso electoral.

La institución subrayó la necesidad de esclarecer responsabilidades y garantizar la transparencia del sistema democrático.

El titular del organismo electoral señaló que esta decisión busca defender el derecho fundamental al voto y preservar la legitimidad de los comicios, en un contexto marcado por cuestionamientos a la gestión logística de la ONPE.

Asimismo, indicó que se ha solicitado al Ministerio Público iniciar las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades individuales.

Los problemas logísticos registrados incluyeron la falta de entrega oportuna del material electoral en varios locales de votación, lo que generó caos, retrasos y malestar entre los electores.

Esta situación obligó a adoptar medidas extraordinarias, como la ampliación de la jornada electoral, para intentar mitigar el impacto de las fallas.

La denuncia del JNE representa un punto de quiebre en la relación entre los organismos del sistema electoral y evidencia la gravedad de lo ocurrido durante los comicios.

Además, abre un proceso legal que podría derivar en sanciones penales y administrativas para los implicados.

En medio de este escenario, la confianza ciudadana en el proceso electoral se ve puesta a prueba, mientras crecen las exigencias de mayor control, supervisión y eficiencia en la organización de futuros comicios.

Este caso no solo tiene implicancias legales, sino también políticas, ya que podría influir en la percepción pública sobre la transparencia y credibilidad de las elecciones en el país.