Giro político en Lima
Rafael López Aliaga postulará como Teniente Alcalde de Lima
El líder de Renovación Popular busca asegurar la continuidad vial.


Lima.- El panorama político y electoral de la capital peruana registra un sorpresivo giro estratégico. El actual líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, anunció públicamente su decisión de declinar a una eventual asunción al cargo de Senador, optando en su lugar por postular al puesto de Teniente Alcalde de Lima en la lista municipal de su organización partidaria.
Durante sus declaraciones a los medios de comunicación locales, la autoridad edil limeña fundó este cambio de rumbo señalando la necesidad de asegurar la continuidad de los megaproyectos de infraestructura vial y los programas sociales que su administración viene implementando en la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Entre las prioridades institucionales mencionadas destacan las obras de semaforización inteligente, el viaducto elevado de la avenida Túpac Amaru y la ampliación de los sistemas de agua de emergencia en los distritos periféricos de la ciudad.
El burgomaestre indicó que mantener una posición en el concejo municipal resulta clave para consolidar la ejecución del presupuesto multianual asignado a la corporación edilicia.
La legislación electoral vigente en el Perú permite a las autoridades subnacionales postular a cargos de regidores o tenientes alcaldes sin la obligación estricta de renunciar de forma definitiva a sus funciones actuales, a diferencia de lo exigido para las candidaturas de índole presidencial o congresal.
Este marco normativo facilitaría el despliegue de su campaña electoral sin generar un vacío de poder administrativo en la gestión interna de la capital.
Por su parte, diversas agrupaciones de la oposición política y regidores metropolitanos han cuestionado la maniobra legal, calificándola como una estrategia de permanencia y exposición mediática para mantener un blindaje político e influencia directa en las decisiones presupuestales de la comuna.
El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) fiscalizarán de manera rigurosa que los recursos públicos municipales no sean desviados para el financiamiento de estas actividades proselitistas en los meses venideros.

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