Proceso Judicial en curso

Corte Suprema fijó fecha para el control de acusación contra Andrés Hurtado

Juzgado evaluará el pase a juicio oral por presunto tráfico de influencias, con un pedido fiscal de tres décadas de cárcel

Lima.- El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema fijó para el próximo miércoles 30 de septiembre el inicio de la audiencia de control de acusación contra el expresentador de televisión Andrés Hurtado, conocido como "Chibolín", en el marco de la investigación denominada caso "Barras de oro". Durante la etapa intermedia del proceso, la instancia judicial revisará el contenido del requerimiento presentado por el Ministerio Público y resolverá las solicitudes formuladas por las partes procesales antes de determinar la procedencia del juicio oral.

El fiscal adjunto supremo Edward Casaverde formuló un pedido de 30 años de prisión contra Andrés Hurtado por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y cohecho. La pretensión fiscal incluye una inhabilitación de 20 años para el ejercicio de funciones públicas, además de multas fijadas en las sumas de S/ 520.830,9 y S/ 760.415,45.

La imputación fiscal sostiene que Andrés Hurtado habría realizado gestiones destinadas a la devolución de aproximadamente 100 kilos de oro incautados a una empresa familiar vinculada con el comercio ilegal de metales, a cambio de una comisión pactada en un millón de dólares. Adicionalmente, el investigado registra un proceso por irregularidades en un trámite migratorio realizado en el año 2019 para el futbolista Roberto Siucho, hecho por el que la Fiscalía solicitó una pena superior a cuatro años de privación de la libertad.

El requerimiento fiscal alcanza también a la suspendida fiscal Elizabeth Peralta, quien permanece con medida de prisión preventiva en el penal de Chorrillos. La representación del Ministerio Público solicitó para la magistrada una pena de 24 años de cárcel y el pago de sanciones económicas superiores a S/ 282.000, al atribuírsele la recepción de sumas de dinero para la realización de trámites a favor de intereses particulares.

Fuente: La República