Debate sobre inclusión

Moquegua: Graciela Chipana afronta juicio por presunta discriminación infantil

La acusación examina el supuesto rechazo a un alumno y plantea sanciones contra la exdocente.

Moquegua.- La diputada Graciela Chipana, integrante de Juntos por el Perú, afronta un juicio oral por presunta discriminación contra un niño con trastorno del espectro autista (TEA). El caso se remonta a abril de 2025, cuando se desempeñaba como profesora del aula de tres años en la institución educativa San Antonio de Padua, en Moquegua. La Fiscalía solicita una condena y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Los hechos fueron difundidos por el programa dominical Cuarto Poder y deberán ser evaluados durante el proceso judicial.

Según la investigación fiscal, la entonces docente cuestionó que el menor fuera asignado a su salón y planteó la necesidad de contar con una “maestra sombra”, una profesional que acompaña individualmente a estudiantes que requieren apoyo educativo. El padre del niño, quien trabaja como taxista, manifestó que no tenía recursos para contratar a una acompañante particular y que buscaba que su hijo accediera a la educación pública sin privilegios. De acuerdo con su testimonio, durante una conversación en el colegio, la profesora expresó su rechazo a la asignación del estudiante y habría dicho: “Cómo es posible que me envíen este tipo de niños a mi aula”.

El padre también sostuvo que, pese a que la dirección había autorizado la matrícula, durante el segundo día de clases la docente abrió la puerta, reconoció al niño y volvió a cerrarla, impidiéndole ingresar. Ante esa situación, el menor terminó en otra aula cuya puerta estaba abierta y, según la versión paterna, posteriormente quedó en el patio sin recibir la atención correspondiente. Además, una trabajadora de la institución declaró ante el Ministerio Público que Chipana habría señalado que no podía atender al estudiante y que la familia debía conseguir una maestra sombra o trasladarlo a otro jardín.

La Fiscalía considera que los hechos denunciados podrían vulnerar los derechos del menor a la igualdad y al trato digno. Uno de los aspectos que deberá analizarse es si la presunta negativa de ingreso al aula y la exigencia de contar con acompañamiento particular condicionaron su acceso a la educación. La acusación podría tener consecuencias penales y políticas para la parlamentaria, aunque la responsabilidad correspondiente deberá determinarse mediante el procedimiento judicial.

Frente a los señalamientos, la defensa de Chipana cuestionó la interpretación de los hechos realizada por el Ministerio Público. El abogado José Domingo Pérez, integrante del equipo legal de la congresista, sostuvo que la preocupación de la entonces profesora sobre los apoyos que necesitaba el niño fue entendida de manera equivocada. “Ha habido, lamentablemente, una mala interpretación de parte de la Fiscalía en relación a la preocupación que sostuvo la profesora”, declaró a Cuarto Poder. La defensa sostiene que expresar inquietudes sobre las necesidades educativas del menor no debería considerarse discriminación, mientras que la Fiscalía mantiene que las circunstancias denunciadas deben examinarse durante el juicio oral.

Fuente: Perú21