Rechazan proceso constitucional presidencial
Congreso archiva acusación contra Boluarte por escándalo de relojes lujosos
Se descartó juzgar a la mandataria por presunta posesión indebida de artículos costosos Rolex
Congreso blinda a Dina Boluarte y archiva denuncia por caso rolex
Lima.- La Comisión Permanente del Congreso de la República ratificó el archivo de la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, relacionada con el escándalo de los relojes Rolex. Con 14 votos a favor, 8 en contra y una abstención, el Parlamento cerró definitivamente la puerta a la posibilidad de iniciar un juicio político contra la mandataria por el presunto delito de cohecho pasivo impropio.
El informe que sustentó esta decisión fue elaborado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y concluyó que no existen pruebas suficientes ni sustento legal o constitucional para procesar a Boluarte por la posesión de relojes de lujo que no fueron declarados en su patrimonio. Esta decisión fue respaldada por las bancadas de Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso (APP), Acción Popular, Somos Perú y Honor y Democracia, cuyos representantes votaron alineados a favor del archivo del caso.
El proceso se inició tras una denuncia presentada por el ex fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, quien cuestionó la omisión de bienes de alto valor en las declaraciones juradas de la jefa de Estado. A pesar de que la controversia sobre los relojes —entre ellos varios modelos de la marca Rolex— generó amplio debate público, el Congreso decidió no avanzar con la investigación, al considerar que no se hallaban elementos concluyentes de irregularidad.
El caso fue uno de los episodios más mediáticos y simbólicos del actual gobierno. La aparición de los relojes de alta gama generó dudas sobre la transparencia patrimonial de la presidenta y avivó cuestionamientos sobre posibles regalos indebidos, conflictos de intereses y favores políticos encubiertos. Durante semanas, el tema ocupó la agenda pública y provocó pronunciamientos desde diversos sectores políticos y ciudadanos.
No obstante, con la votación de la Comisión Permanente, el Parlamento desactivó cualquier intento de sanción política contra Boluarte, lo que en la práctica representa un blindaje institucional. La decisión ha sido interpretada por algunos sectores como una muestra de alianzas políticas estratégicas, en momentos en que el Ejecutivo enfrenta múltiples frentes de deslegitimación social y protestas ciudadanas.
Desde el Legislativo, se remarcó que no existen indicios suficientes de delito que justifiquen abrir un proceso de acusación constitucional, y se reafirmó el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, voces críticas señalan que esta resolución podría debilitar la lucha contra la corrupción y proyecta una imagen de impunidad en los altos niveles del poder político.
Con esta determinación, el Congreso clausura uno de los casos que más daño venía causando a la imagen de la mandataria. Aunque se cierra el capítulo en el plano político, aún quedan expectativas sobre las investigaciones fiscales que podrían avanzar en paralelo en el Ministerio Público, donde se continúa revisando el origen de los relojes y la posible comisión de delitos en el ámbito penal.
El archivo definitivo de la denuncia representa un momento clave para el gobierno de Dina Boluarte, que, pese a mantener la estabilidad legislativa, continúa siendo cuestionado por sectores de la opinión pública por su débil rendición de cuentas y por decisiones que afectan la credibilidad democrática del país.
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