Indignación por masacre minera
Padre de víctima en Pataz arremete contra primer ministro
Denuncia inacción estatal tras asesinato de trece trabajadores mineros.
Pataz / La Libertad.- La reciente masacre de trece trabajadores mineros en la provincia de Pataz, en la región La Libertad, ha desatado una profunda indignación en el país, especialmente por las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, quien negó inicialmente conocer sobre el secuestro de los trabajadores antes de ser asesinados.
El hecho ocurrió entre el 25 y el 29 de abril, cuando los mineros, empleados por la contratista R&R, vinculada a la empresa minera Poderosa, fueron secuestrados por presuntos delincuentes dedicados a la minería ilegal.
El 29 de abril se presentó la denuncia formal ante la Policía Nacional. Sin embargo, un día después, el primer ministro Adrianzén declaró públicamente que “no había ninguna denuncia formal” y que su Gobierno no tenía conocimiento del hecho.
Estas declaraciones provocaron la indignación de los familiares de las víctimas. En particular, Enrique Carbonell, padre de uno de los mineros asesinados, enfrentó a Adrianzén durante un acto público.
“Usted es un desgraciado”, le dijo con indignación, acusándolo de mentir y de minimizar la gravedad del caso. Carbonell exigió respeto por las familias afectadas y reclamó una intervención más firme del Estado en zonas dominadas por el crimen organizado. También responsabilizó al Congreso por no ejercer control político ante la omisión de funciones del Ejecutivo.
La situación generó cuestionamientos sobre la real presencia del Estado en Pataz, una zona donde la minería ilegal ha crecido de manera alarmante.
Los familiares denunciaron la falta de efectivos policiales y bases militares en un área que ha sido declarada en emergencia desde febrero de 2024.
Pese a esa medida, la violencia no se ha reducido, según confirmó el propio alcalde provincial de Pataz, Aldo Mariño, quien aseguró que el estado de emergencia “no ha dado resultados”.
Por su parte, el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, se desligó del caso señalando que no tenía conocimiento del secuestro ni del asesinato de los mineros hasta que se enteró por los medios de comunicación, lo que también generó críticas desde diversos sectores.
Los cuerpos de los trece mineros fueron encontrados el 4 de mayo, maniatados y con signos de tortura en un socavón. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos calificó el hecho como una grave violación a los derechos fundamentales y pidió al Gobierno tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad en zonas mineras.
Ante la presión pública y política, el ministro del Interior, Walter Ortiz, anunció que se presentará ante el Congreso para explicar las acciones emprendidas tras el crimen.
Mientras tanto, congresistas de distintas bancadas han impulsado una moción de censura contra Gustavo Adrianzén, la cual ya cuenta con más de 20 firmas, camino a las 33 necesarias para su debate en el Pleno.
Este trágico suceso ha revelado la fragilidad del Estado en zonas dominadas por economías ilegales y el reclamo de justicia por parte de una ciudadanía cada vez más harta de la inseguridad y la indiferencia de sus autoridades.
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