Blindaje presidencial
TC suspende investigaciones contra Dina Boluarte hasta 2026
Tribunal establece que solo el Congreso puede autorizarlas.
Fuente fotográfica: Composición – LR
Lima, Perú. – El Tribunal Constitucional (TC) falló a favor de la demanda competencial presentada por el Ejecutivo, estableciendo que únicamente el Congreso de la República tiene la facultad de autorizar investigaciones en contra de un presidente en funciones. Como consecuencia directa, el Ministerio Público y el Poder Judicial quedan impedidos de avanzar en los procesos en curso contra Dina Boluarte.
El pronunciamiento se sustenta en la interpretación del artículo 117 de la Constitución, que limita los supuestos por los cuales un jefe de Estado puede ser procesado durante su mandato. Con esta decisión, la mandataria queda blindada de cualquier indagación penal hasta el término de su gestión, previsto para el 28 de julio de 2026.
Los casos afectados por esta suspensión incluyen investigaciones sensibles, como las muertes de manifestantes en protestas sociales, el presunto enriquecimiento ilícito en el denominado caso Rolex y el supuesto abandono de funciones por cirugías no informadas. Todos estos procesos quedarán en pausa hasta que Boluarte deje la presidencia.
La resolución ha generado un fuerte debate político y social. Mientras desde el Ejecutivo y sectores oficialistas se celebra como una “ratificación de la Constitución” y la garantía de gobernabilidad, la oposición denuncia un “blindaje” que fortalece la impunidad en el más alto cargo del país. Diversos constitucionalistas han advertido que, si bien la norma busca proteger la figura presidencial de persecuciones políticas, en la práctica también impide que la justicia actúe frente a posibles delitos graves.
Organismos de derechos humanos expresaron preocupación, recordando que las víctimas de la represión en protestas aún esperan justicia. Para estos colectivos, la decisión del TC posterga indefinidamente la rendición de cuentas.
El fallo también tuvo eco en medios y agencias internacionales, que destacaron que la presidenta peruana gozará de inmunidad política y penal durante lo que resta de su mandato. Analistas consideran que este escenario proyecta una imagen de debilitamiento institucional y puede afectar la confianza ciudadana en la independencia de poderes.
Con este pronunciamiento, el Perú revive el debate sobre el alcance de la inmunidad presidencial. Si bien la Carta Magna restringe las investigaciones mientras el presidente está en funciones, persisten interrogantes sobre cómo equilibrar la protección institucional con la obligación de rendir cuentas en casos de presunta corrupción y violaciones a los derechos humanos.
Por ahora, todas las investigaciones contra Dina Boluarte deberán esperar hasta el fin de su gestión, lo que deja al país ante un escenario de alta tensión política y jurídica.
Fuente: La República
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