Exención polémica

Congreso plantea deducir “cupos” criminales como gasto deducible empresarial

Propuesta genera rechazo ciudadano: normaliza extorsión y blanquea pagos ilegales con beneficios fiscales.

Fuente: Internet

Lima. -Una propuesta presentada en el Congreso ha desatado críticas e indignación: algunos legisladores buscan que los pagos de “cupos” —cuotas exigidas por delincuentes a negocios para evitar atentados o daños— sean considerados como gastos deducibles en la declaración de impuestos. La idea busca que las empresas que se vean obligadas a pagar extorsiones puedan restar esos montos de su renta imponible, disminuyendo su carga tributaria.

El argumento detrás de la iniciativa es que muchas pequeñas y medianas empresas ya se ven sometidas a esta práctica ilegal, y que reconocer ese gasto como deducible permitiría aliviar el impacto económico que dichas extorsiones generan. No obstante, la propuesta enfrenta cuestionamientos éticos y legales: ¿debe el Estado legitimar el pago a extorsionadores? ¿No se incentiva la criminalidad al reconocer esos pagos como deducibles de impuestos?

La iniciativa fue presentada por un grupo de congresistas que lo justifican como una medida paliativa ante la violencia y la inseguridad que sufren los emprendedores. También aseguran que servirá para preservar la economía formal, evitando que más empresas opten por operar en la informalidad para evadir riesgos. Sin embargo, detractores advierten que podría ser interpretado como un “rescate legal” a la extorsión: en vez de atacar el problema de raíz, se cede ante los criminales.

Especialistas en derecho tributario han manifestado su rechazo. Indican que el sistema fiscal no puede premiar actos ilícitos, pues transformar un pago coercitivo en beneficio fiscal equivale a blanquear la criminalidad. Además, advierten que esto generaría lagunas legales en fiscalización: cómo distinguir qué pagos eran bajo coacción y cuáles no. También existe el riesgo de que delincuentes pidan comprobantes o documentos que respalden esos pagos, lo cual complicaría aún más el control.

Organismos de seguridad, gremios empresariales y asociaciones civiles han salido a rechazar la propuesta. Para ellos, lejos de proteger negocios, podría normalizar la extorsión, debilitar la confianza en el Estado y erosionar la justicia. Algunos han sugerido que una mejor estrategia sería un paquete de protección estatal, subsidios o seguros para comerciantes en zonas inseguras, en lugar de reconocer pagos ilegales.

El presidente del gremio de microempresarios declaró que muchos emprendedores verían esta medida como una afrenta moral: “Ya basta de aceptar que la extorsión sea parte del costo de hacer negocios. El Estado debe protegernos, no ponerlo dentro de la planilla de gastos.

La propuesta también genera preocupación en el fisco. Permitir deducciones por pagos coaccionados puede abrir una puerta al uso indebido de este mecanismo por evasores que desean disfrazar pagos injustificados. Además, la Administración Tributaria requeriría mecanismos de verificación complejos para autorizar estas deducciones sin que haya abuso o fraude.

Aunque la idea aún es una propuesta y no ley, ya ha motivado debates dentro de comisiones del Congreso. Algunos parlamentarios aliados han señalado que revisarían su viabilidad, mientras otros piden su retiro inmediato por considerar que va en contra del Estado de derecho y la integridad del sistema tributario.

En conclusión, la iniciativa del Congreso para considerar los pagos de cupos como gasto deducible se presenta como una medida paliativa ante la inseguridad, pero a costa de legitimar prácticas criminales. La discusión que sigue será clave: si el país normaliza la extorsión como gasto, el mensaje que envía al ciudadano y al empresario es que la ley no sirve.

Fuente: Gestión

 
 

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