Dinero y licitaciones

Donantes de Castillo obtuvieron contratos regionales

Reporte televisivo muestra beneficiarios de campaña ligados a adjudicaciones en la entidad chalaca.

Fuente Fotográfica: América

Callao.- Una revelación periodística encendió las alertas en el primer puerto: el 65% de quienes apoyaron económicamente la campaña de Ciro Castillo Rojo terminaron vinculados a órdenes de servicio o contratos con el Gobierno Regional del Callao después de su elección como gobernador, según un reportaje del dominical Cuarto Poder difundido por RPP. La publicación precisa que el patrón se repite en varios casos y que los montos adjudicados superan, en conjunto, cifras que van desde decenas de miles hasta centenares de miles de soles.

El esquema descrito en la investigación es directo: personas y empresas que figuran como aportantes ante la ONPE aparecen, meses más tarde, como proveedores de la administración regional. En campaña, el registro de 2022 consigna 24 aportantes. Tras la asunción de Castillo, una parte sustantiva de ese grupo recibió órdenes de servicio o contratos con la entidad. La pieza televisiva, citada por RPP, ilustra la mecánica con nombres propios y documentos.

Uno de los casos es Jorge Quispe Gómez, accionista de Transpoeco SAC: aportó S/ 5 500 en especies durante la contienda. Ya con la nueva administración, la empresa que no registraba vínculos previos con el Estado acumuló S/ 445 410 en contratos con el Gobierno Regional del Callao. La correlación temporal entre el apoyo de campaña y las posteriores adjudicaciones alimenta las sospechas de trato preferente.

Otro ejemplo es Humberto Matta Corazón, quien donó materiales proselitistas (globos, polos, llaveros) por S/ 1 800. Luego, su firma Mattco Soluciones logró encargos por más de S/ 442 000 en la gestión regional; y Generale’s Service’s V & K E.I.R.L., otra empresa vinculada a él, contrató por S/ 489 000 adicionales. El trazo que dibuja el dominical es el de donaciones modestas que se multiplican en contratos una vez que el candidato llega al poder.

La investigación también identifica un núcleo familiar: los Salluca Salluca. Hipólita aportó S/ 7 000 y, ya en gestión, obtuvo S/ 11 020; Miguel dio S/ 1 200 y recibió S/ 30 800; Yuli donó S/ 9 500 y accedió a S/ 30 000; Sonia entregó S/ 8 800 y consiguió S/ 137 250. El conjunto muestra un patrón de recurrencia que, a juicio de especialistas, supera lo anecdótico.

El reporte suma el caso de Wálter Tincopa Silvera: S/ 6 500 en apoyo y más de S/ 103 000 en contratos posteriores. Consultado por el programa, negó figurar como aportante ante la ONPE, un extremo que el equipo periodístico confronta con los registros electorales. La historia incorpora, además, testimonios que sugieren expectativas explícitas de empleo a cambio del respaldo. “Hablé con el doctor Ciro”, cuenta Margarita Jaramillo, quien asegura haber recibido la promesa de trabajo para ella y su esposo.

¿Qué está realmente en juego? Tres planos. Ético, porque la ciudadanía demanda igualdad de oportunidades y transparencia en el gasto. Legal, por la eventual configuración de negociación incompatible, colusión u otros ilícitos si se prueban favores indebidos. Y político, porque una percepción de retorno de favores erosiona la legitimidad de una administración regional que maneja recursos sensibles en seguridad, salud y obras. Por eso, la trazabilidad de cada compra y el control posterior de las unidades de auditoría resultan claves para despejar dudas.