Diplomacia tensa

Gobierno de José Jerí demora respuesta al salvoconducto de Chávez

Mandatario señala que aún no habrá decisión oficial mientras persistan evaluaciones técnicas.

Fuente: Composición LR

Lima. -El Gobierno del Perú, encabezado por José Jerí, mantiene en suspenso la autorización del salvoconducto solicitado por Betssy Chávez, ex primera ministra que permanece dentro de la Embajada de México en Lima tras recibir asilo político. La falta de respuesta inmediata ha generado debate en el escenario diplomático, jurídico y político nacional, así como reclamos desde México, que insiste en que la solicitud debe responderse en los plazos formales de la Convención de Caracas de 1954. No obstante, el Poder Ejecutivo peruano ha manifestado que no existe un plazo perentorio que obligue al Gobierno a emitir un pronunciamiento final mientras se realice el análisis del caso.

El presidente José Jerí ha señalado públicamente que todavía no habrá una decisión definitiva, resaltando que la posición oficial se adoptará “cuando la información técnica y los tratados internacionales así lo determinen”. Según declaraciones de prensa, mientras el salvoconducto no sea otorgado, la ex premier no podrá salir del país y deberá permanecer dentro de la sede diplomática mexicana. Esta situación, inusual en la política peruana reciente, ha abierto una discusión sobre la interpretación del derecho de asilo y la obligación de los Estados en la ejecución del salvoconducto.

A nivel institucional, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha detallado que el análisis del caso se desarrolla respetando los canales oficiales. Sin embargo, diversas voces críticas sostienen que existe una demora que podría tensar las relaciones bilaterales con México. En esa línea, el Gobierno peruano evalúa presentar ante la Organización de Estados Americanos (OEA) una propuesta para modificar aspectos de la Convención de Caracas, considerando que el mecanismo de asilo diplomático estaría siendo utilizado de forma que, según el Ejecutivo, debilita la acción de la justicia peruana.

El caso de Betssy Chávez, investigada por presuntos delitos relacionados con el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, continúa generando reacciones contrapuestas. Sectores que respaldan su posición consideran que se trata de una persecución política y que la negativa del Gobierno a entregar el salvoconducto sería una forma de presión indirecta para impedir que salga del país. Por el contrario, sectores opositores afirman que otorgarle libre tránsito equivaldría a permitir la fuga de una persona que enfrenta procesos judiciales y cuyo testimonio resulta clave para esclarecer hechos graves dentro de la crisis institucional que enfrentó el país.

El debate también ha alcanzado al Congreso de la República. Algunos legisladores han solicitado que se respalde la posición del Ejecutivo y se establezca una postura más firme frente a lo que consideran una interpretación expansiva del derecho de asilo. Otros parlamentarios, sin embargo, señalan que el Estado peruano está obligado a cumplir los tratados internacionales, por lo que debería agilizar la respuesta para evitar un conflicto diplomático mayor. La tensión se mantiene mientras Chávez continúa dentro de la embajada mexicana sin autorización para abandonar territorio peruano. Por ahora, la decisión final seguirá pendiente hasta que el presidente José Jerí y el Ejecutivo culminen sus evaluaciones legales.

Fuente: La República

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