Congreso frena
Pleno del Congreso no logró inhabilitar a Betssy Chávez por diez años
No alcanzaron los votos necesarios para sancionar a la ex premier por intento de golpe de Estado.
Fuente: Andina
Lima. -El Pleno del Congreso de la República decidió este miércoles rechazar la propuesta de inhabilitar por 10 años a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, pese a su presunta participación en el intento de golpe de Estado ocurrido en diciembre de 2022. Con 63 votos a favor, 20 en contra y 4 abstenciones, la iniciativa no alcanzó el quórum necesario, lo que provocó que el expediente sea archivado.
La moción, presentada en el Proyecto de Resolución Legislativa 13248, buscaba prohibir a Chávez ejercer nuevamente cargo público durante una década. Sin embargo, como explicó el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, no se llegó al apoyo de dos tercios de los parlamentarios presentes, requisito clave para aprobar una sanción de esta magnitud.
La iniciativa había sido impulsada tras el informe final aprobado el 7 de noviembre por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que calificó de procedente la denuncia. En ese documento se acusa a Chávez de haber incurrido en infracciones a varios artículos de la Constitución peruana (38, 39 y 45), al supuestamente haber actuado de forma concertada con otros funcionarios durante el intento de golpe y posteriores maniobras.
Cabe destacar que esta no era la primera instancia en la que se evaluaba su sanción. En septiembre pasado, la Comisión Permanente del Congreso también había aprobado un informe que recomendaba su inhabilitación por diez años. Esa resolución contó con 17 votos a favor y 4 en contra.
Tras el fallo del Pleno, el proyecto de resolución no será debatido nuevamente de momento, pues se archivará oficialmente. “Se expedirá la resolución legislativa correspondiente y se remitirá al archivo el expediente”, señaló Rospigliosi.
En paralelo, se informó que varios congresistas presentaron pedidos de reconsideración tras la votación fallida. Entre ellos están Jorge Montoya (Honor y Democracia), Norma Yarrow (Renovación Popular) y Eduardo Castillo (Fuerza Popular), quienes buscan que se vuelva a poner en agenda la sanción contra Chávez.
Por otro lado, Betssy Chávez permanece asilada en la residencia de la Embajada de México en Lima, donde ingresó el 2 de noviembre. Este hecho ha tensado las relaciones diplomáticas: el canciller peruano, Hugo de Zela, ha anunciado que demorará la concesión de un salvoconducto para su salida hacia México, con el fin de consultar con otros países de la OEA sobre los alcances de la Convención de Caracas (1954).
En el plano judicial, el Ministerio Público ha solicitado una condena de 25 años de prisión para Chávez, además de una inhabilitación adicional de dos años y medio por el delito de rebelión, presumiendo que fue coautora del intento de subvertir el orden constitucional.
Este episodio evidencia la alta polarización política: por un lado, quienes defienden la sanción por considerar que hubo una transgresión grave al Estado democrático; por otro, quienes argumentan que no se cumplió con los votos necesarios para aplicar una pena tan fuerte. En medio de este debate, el asilo diplomático y el futuro legal de Chávez se vuelven piezas clave de una trama que va más allá del Congreso y toca a la diplomacia regional y a la justicia nacional.
Fuente: RPP
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