Presunta negligencia en comisaría
Escándalo en comisaría por presunto favorecimiento a denunciado con restricción en carabayllo
Víctima acusa revictimización y exige sanción a policías involucrados.


Carabayllo.- El caso ocurrido en la Comisaría PNP Santa Isabel ha generado una fuerte controversia tras la denuncia presentada por una madre de familia y sus tres hijos menores, quienes cuentan con medidas de protección judicial vigentes debido a un nivel de riesgo severo.
Según el testimonio de la agraviada, efectivos policiales habrían actuado de manera irregular al permitir que el denunciado, Marino Espinoza Aponte, se acerque a su vivienda, pese a existir una orden de alejamiento emitida por el 18.º Juzgado de Familia.
Los hechos se registraron la noche del sábado 11 de julio, cuando el denunciado llegó al domicilio de la víctima acompañado por un patrullero policial.
De acuerdo con la denuncia, el hombre intentaba hacer cumplir un régimen de visitas establecido en 2024, sin considerar que una disposición judicial posterior le prohíbe acercarse a menos de 300 metros de la madre y su vivienda.
Lejos de impedir esta presunta vulneración, los efectivos policiales habrían permanecido junto al denunciado frente al inmueble realizando una constatación. La situación se tornó más delicada cuando, según la denunciante, una de sus hijas adolescentes fue interrogada por un agente policial con el objetivo de dialogar con su padre, lo que habría generado una mayor afectación emocional en la menor.
Posteriormente, la madre acudió a la Comisaría PNP Santa Isabel para exigir el cumplimiento de las medidas de protección.
Sin embargo, denunció haber recibido un trato inadecuado por parte de algunos efectivos, incluyendo la obligación de permanecer cerca del denunciado, impedimentos para grabar lo ocurrido y comentarios que, según afirma, minimizaron la situación de violencia previamente denunciada.
Ante estos hechos, la agraviada anunció que interpondrá denuncias ante la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú y otras instancias competentes, con el fin de que se investigue la actuación de los efectivos involucrados y se determinen responsabilidades.
Este caso ha generado preocupación en la ciudadanía, ya que, de confirmarse las denuncias, evidenciaría una presunta vulneración de los protocolos de atención a víctimas de violencia familiar, así como un incumplimiento de medidas de protección dictadas por el sistema judicial.
Finalmente, los denunciantes exhortaron al Ministerio del Interior, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y a la Defensoría del Pueblo a intervenir con urgencia, garantizando el respeto de las medidas de protección y la seguridad de las personas en situación de vulnerabilidad.
Fuente: Carabayllo Al Día

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