Investigación por fraude informático

Fiscalía pide 18 meses de prisión preventiva contra Jackson Mora

Investigación revela presunto desvío de fondos públicos mediante sistemas informáticos.

Lima.- La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Molina y Cieneguilla solicitó al Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Este la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra el empresario Jackson Mora y otras ocho personas investigadas por los presuntos delitos de fraude informático y banda criminal.

Según la tesis fiscal, los implicados habrían integrado una organización dedicada a infiltrar los sistemas informáticos de entidades públicas con el objetivo de realizar transferencias ilícitas de fondos del Estado.

Este presunto esquema delictivo habría permitido desviar aproximadamente S/ 9.9 millones de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chincha.

De acuerdo con las investigaciones, el dinero obtenido de manera irregular habría sido canalizado a través de empresas y cuentas bancarias, con la finalidad de ocultar su origen ilícito y facilitar su posterior utilización.

Este mecanismo sería parte de una estructura organizada que operaba de forma coordinada para evadir los controles financieros.

El requerimiento de prisión preventiva se sustenta en diversos elementos de convicción recopilados durante las diligencias fiscales.

Entre estos se encuentran documentos y equipos electrónicos incautados durante allanamientos realizados en 11 inmuebles ubicados en distintos distritos, lo que habría permitido avanzar en la identificación de los presuntos responsables.

Además de Jackson Mora, la medida alcanza a otros ocho investigados que estarían vinculados a esta presunta red criminal.

El Ministerio Público considera que existen riesgos procesales, como posible fuga u obstrucción a la justicia, que justificarían la imposición de la prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

Este caso pone en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas informáticos en instituciones públicas y la necesidad de reforzar los mecanismos de seguridad digital para evitar nuevos episodios de desvío de recursos estatales.

El Poder Judicial deberá evaluar el pedido fiscal en una audiencia donde se determinará si se cumplen los requisitos legales para dictar la medida coercitiva solicitada, en el marco de una investigación que podría tener implicancias significativas en la lucha contra el crimen organizado.