Crimen y control
SJL: Presuntos extorsionadores de transporte público son detenidos
Se incautaron vehículos y allanaron inmuebles


SJL.- Se consiguió la detención preliminar judicial de varios supuestos implicados en una organización criminal dedicada a extorsionar empresas de transporte en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), gracias a la Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada (Segundo Equipo).
Se dispuso el allanamiento de 13 inmuebles situados en Lima, Cusco y Ucayali, también se logró incautar dos vehículos; esto se realizó como parte de la medida de investigación que busca comprobar el nivel de participación de cada uno de los intervenidos.
De acuerdo a la información brindada por la Fiscalía, el supuesto líder de la organización criminal estaría ubicado en la zona de Jicamarca, desde donde se presume que habría dirigido el cobro de cupos a diversas empresas de transporte bajo la promesa de brindarles "seguridad"
Esta investigación manifiesta que la presunta red criminal tendría inicios de operación en 2024 y su principal actividad sería la exigencia de pagos a empresas de transporte para evitar ataques en contra de sus trabajadores o unidades.
La diligencia tuvo desarrollo en coordinación con la Policía Nacional del Perú, así lo informó Jorge Chávez Cotrina, coordinar nacional de las Fiscalías Espcializadas contra el Crimen Organizado; luego de una investigación que inició en marzo de este año contra la presunta organización criminal llamada "Los injertos del tren".
Dicha red habría extorsionado a la empresa Santa Catalina y a otras compañías de transporte cuyos nombres permenecen en reserva por motivos de seguridad. El modus operandi de los supuestos participantes de esta organización, según el fiscal, consistía inicialmente en atentar contra las unidades de trasnporte para luego presentarse a los representantes y ofrecerles "servicio de seguridad" a cambio de un pago.
Chávez Cotrina insiste a las víctimas de extorsión a asistir a las fiscalías especializadas contra el crimen organizado y presentar sus denuncias correspondientes garantizando su seguridad.
“Nosotros tenemos disposición de nuestro fiscal de la Nación de otorgarles un código de reserva, a fin de que no sean identificados y tampoco sea identificado el domicilio de estas personas”, afirmó el fiscal.
El Ministerio Público mediante las diligencias propone desarticular a las organizaciones dedicadas a la extorsión y comprobar la responsabilidad penal de los intervenidos.
Fuente: Andina

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