CORRUPCIÓN EN LAS FUERZAS POLICIALES

Condenan a policía por cobrar coima tras atropello de una mascota

El agente Henry García fue inhabilitado de la función pública y su pena se convirtió en 192 jornadas de trabajo comunitario

EL AGUSTINO.- Un efectivo policial identificado como Henry García fue condenado a tres años y nueve meses de pena privativa de la libertad tras ser hallado culpable del delito de cohecho pasivo propio, al haber solicitado dinero a un ciudadano para omitir sus funciones policiales luego del atropello de una mascota en el distrito limeño de El Agustino.

La sentencia condenatoria fue obtenida por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Este en contra del agente que prestaba servicios en la comisaría del sector. De acuerdo con las investigaciones acreditadas por el Ministerio Público, el efectivo policial exigió inicialmente la suma de 200 soles a un ciudadano denunciante con la finalidad de no interponer los procedimientos ni registrar las actuaciones policiales que correspondían por ley tras el arrollamiento de un animal doméstico. Posteriormente, el 11 de febrero, el funcionario concretó el cobro ilícito al recibir un pago de 50 soles por parte del afectado, hecho que motivó la intervención de las autoridades anticorrupción y la inmediata apertura del proceso penal.

El Primer Juzgado Penal Unipersonal de San Juan de Lurigancho ratificó el fallo mediante la figura jurídica del acuerdo de terminación anticipada, mecanismo en el cual el imputado reconoció plenamente la comisión del delito para acceder a la reducción del castigo. Como parte de la resolución emitida por el órgano jurisdiccional, la pena de prisión efectiva fue convertida en 192 jornadas de prestación de servicios a la comunidad, las cuales deberá cumplir bajo estricto control de la autoridad penitenciaria en las instituciones públicas asignadas.

Asimismo, la judicatura dispuso la inhabilitación del expolicía por un periodo de cuatro años y dos meses, sanción accesoria que contempla su separación inmediata del cargo en la Policía Nacional del Perú (PNP) y la prohibición absoluta para ejercer cualquier tipo de función dentro de la administración pública. Finalmente, el magistrado a cargo fijó que el condenado deberá abonar la suma de 3 500 soles por concepto de reparación civil a favor del Estado peruano por el daño ocasionado a la institucionalidad.

Fuente: RPP