CORRUPCIÓN EN EL PODER JUDICIAL

Condenan a Rodolfo y Ludith Orellana a siete años y medio de prisión

El Primer Juzgado Penal Colegiado Nacional impuso la pena por el delito de lavado de activos en el caso Parinacochas

LIMA.- El Primer Juzgado Penal Colegiado Nacional del Poder Judicial condenó a siete años y seis meses de pena privativa de la libertad a Rodolfo Orellana Rengifo y a su hermana Ludith Orellana Rengifo, tras hallarlos culpables del delito de lavado de activos en agravio del Estado por la apropiación e independización ilícita de inmuebles urbanos.

La resolución de la magistratura resolvió sancionar a los hermanos Orellana Rengifo por la comisión de actos de conversión y transferencia de activos de procedencia criminal en el marco de las investigaciones del denominado caso Parinacochas. Junto con la sanción de cárcel efectiva, el tribunal supremo impuso a los sentenciados el pago de 730 días-multa, suma equivalente a 29 930 soles, una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el plazo de seis meses y el abono solidario de una reparación civil fijada en 1 millón de soles a favor del erario nacional.

Las pesquisas desarrolladas por la fiscalía demostraron que el esquema delictivo se ejecutó para sanear fraudulentamente un predio ubicado en el jirón Prolongación Parinacochas N.° 380, en el distrito limeño de La Victoria. Para consumar el despojo del inmueble, la organización criminal empleó documentación fraguada a nombre de personas fallecidas y coordinó traspasos sucesivos entre testaferros pertenecientes a la red de corrupción. La propiedad terminó finalmente bajo el dominio del coimputado Humberto Paulino Contreras Abanto, quien fue condenado a seis años de prisión al acreditarse que actuó con pleno conocimiento del origen ilícito del bien para intentar Blanquearlo.

En el plano corporativo, la judicatura dispuso la disolución y liquidación definitiva de la persona jurídica Administradora de Empresas Insolventes S.A.C., tras comprobarse que dicha firma operó como una fachada instrumental para encubrir la titularidad de los bienes sustraídos. La sustentación del caso en juicio oral estuvo a cargo de la fiscal provincial Giselle Rodríguez Salcedo, integrante del Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, bajo las directrices del equipo especial de persecución penal del Ministerio Público.

Fuente: RPP